La 'mafia' de los inmaduros
El Seprona se incauta de 9.211 kilos de pescado ilegal en ocho meses en Huelva
Capturar pescado inmaduro, saltarse los controles y vender la mercancía a restaurantes se ha convertido en el día a día de "una verdadera mafia" en la provincia de Huelva este verano. Así lo califica la Guardia Civil, que en lo que va de año se ha incautado de 9.211 kilos de pescado ilegal, la mayoría en los últimos cuatro meses. Mientras, la Delegación de Agricultura y Pesca ha abierto 30 expedientes por marisqueo profesional (en barco) irregular, 25 por comercialización de bivalvos y 210 por captura a pie.
Las redes "se encuentran perfectamente conectadas y organizadas", explican miembros del Seprona. La supuesta "mafia" comienza con la labor de los ojeadores en las playas, que avisan de los controles aleatorios del Servicio Marítimo y del Seprona. En el mar, pequeñas embarcaciones o lanchas tienen como misión detectar las posibles inspecciones. "Estos pequeños cooperadores reciben una especie de sueldo, hasta 1.000 euros al mes", sostienen fuentes de la investigación. "El problema es que es casi imposible localizarlos", reconocen los agentes.
"Las redes se encuentran perfectamente organizadas"
La mercancía finaliza su recorrido en los restaurantes con etiquetas falsas
Ya en carretera, otros "pequeños cooperadores" se adelantan en vehículos lanzadera y advierten de los puestos de control de la Guardia Civil. Finalmente, la mercancía, con etiqueta falsa, llega a su destino: los restaurantes de capitales como Huelva, Sevilla y Málaga. Allí se ofrece a los comensales. "Las multas por este tipo de falta son a veces muy altas, unos 3.000 euros por la intervención de 15 kilos de coquinas", señalan agentes del Seprona. "Pero lo que sacan ellos, a pesar del riesgo, es una cantidad mucho mayor", añaden.
Entre los 9.211 kilos de pescado incautados por el Seprona, figuran 94 kilos intervenidos gracias a la cooperación con la Inspección Pesquera en el Programa Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta.
El organigrama piramidal lo completan los falsificadores de etiquetas. "Las más comunes son las de Portugal. Lo que hacen es conseguir una guía, que se concede por traer 50 ó 100 kilos, y contiene unas 15 pegatinas. Éstas se fotocopian o se falsifican". Los agentes sospechan que los grupos cuentan con la colaboración de personas de nacionalidad portuguesa en la trama que opera en Huelva.
El historial de incautaciones es amplio. Si a principios de agosto el Seprona intervino 600 kilos de crías de peces y marisco (pijotas, pulpos, chirlas y jureles) que se habían capturado en la costa de Punta Umbría e Isla Cristina. A finales de julio se habían incautado en la carretera A-49, a la altura de Trigueros (Huelva), 120 kilos de pijotas, con un tamaño comprendido entre 10 y 15 centímetros de media, cuando la talla mínima es de 27. Estas cantidades, sumadas a los 400 kilos de pijotas de entre diez y 20 centímetros, 21 kilos de jureles y 60 kilos de chirlas que pretendían ser trasladadas desde Isla Cristina, llevó al Seprona a incrementar la vigilancia.
De este modo, de las 210 denuncias de marisqueo a pie, 159 son expedientes abiertos por hacerlo en zona cerrada, incumplimiento de horarios o talla inferior a la reglamentaria, entre otros. Del marisqueo practicado en barco, se han cursado 30 denuncias -de las cuales 11 acabaron en sanción- y, por comercialización ilegal, 25 están en tramitación.
Un problema añadido a la presunta mafia es la existencia de una toxina, la diarreica o DSP, en aguas onubenses. Aunque las oleadas del alga contaminante se suceden cada año, las autoridades sanitarias previenen sobre el peligro de su consumo. "Estamos ante un asunto muy serio", explicaba ayer Esperanza Cortés, delegada de Agricultura y Pesca en Huelva. "No queríamos sancionar, sino recomendar, pero no se ha respondido bien y hemos tenido que reaccionar con medidas", admitió la responsable. "No sólo se practica marisqueo ilegal, sino que ponen en peligro la salud de muchas personas", añade. La Guardia Civil ha denunciado a seis personas este verano por delitos contra la salud por la venta de coquinas contaminadas.
