"Es una manipulación decir que vamos a privatizar servicios"

Carmen Martínez Aguayo, médica madrileña de 57 años, afronta como responsable de Administración Pública la más polémica reordenación de la Junta.

Pregunta. A la vista de la tensión creada, piensa que va a ser posible aplicar el decreto.

Respuesta. Creo que sí. Este decreto no hace nada extraordinario, solo aplicar la Ley de Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), de 2007. Además, resuelve problemas que existían en el funcionamiento de los entes instrumentales a partir de la aplicación de la ley de contratos del sector público y, finalmente, regularizar, a la luz de la sentencia de los tribunales, el ejercicio de las potestades administrativas en los entes instrumentales.

Hemos tratado de eliminar todos los miedos que tienen los trabajadores

A medio plazo, los costes salariales de las agencias subirán seguro

P. Por la reacción de los trabajadores, ¿en qué cree que se han equivocado?

R. Pues la verdad es que no lo puedo explicar muy bien. Desde luego en algo. Asumo que en algo nos hemos equivocado cuando se ha generado este nivel de crispación, pero es que concretamente no soy capaz de explicarlo. Creo que se ha ido concitando una serie de elementos que han dado lugar a una mala interpretación de una intención del decreto, y que han hecho que se cerraran muchos oídos a una explicación que hemos intentado dar. Y, singularmente, que el decreto haya aparecido en un momento en que se convocó una huelga general y una reducción del sueldo de los funcionarios fue clave.

P. Pero los trabajadores protestan por algo más.

R. Hemos sido flexibles para intentar eliminar todo aquello que tiene que ver con el miedo de los trabajadores. Por ejemplo, el miedo que se ha transmitido de que este decreto estaba hecho para hacer funcionarios a los que no lo son. No es verdad, y nunca ha sido verdad. Se ha dicho que este decreto es para privatizar. Todo lo contrario: es para reforzar el funcionamiento de lo público. La voluntariedad, la garantía de derechos de funcionarios y laborales, todo lo que se me ha pedido lo hemos introducido.

P. Pero habrá agencias con funcionamiento privado.

R. Las agencias, define la LAJA en su articulo 54, son entidades con personalidad jurídica pública, dependientes de la Administración de la Junta para la realización de competencias de la comunidad autónoma en régimen de descentralización funcional. ¿Quién puede decir que las agencias son algo privado? Tienen personalidad jurídica pública, es una manipulación. Lo dice la ley. Una cosa es que sea pública, y otra que tengan en un acto u otro de referencia un derecho u otro de aplicación. Además, el decreto resuelve el problema en la contratación de algunas empresas como Giasa o Ferrocarriles, que no eran consideradas con las prerrogativas que tiene la Administración para contratar. Y como eso no era aceptable para empresas que trabajan por el interés general, se refuerza ese factor público de estos entes instrumentales. Dónde está aquí la privatización, si hay algo es precisamente una mayor definición de lo público.

P. No sería recomendable empezar de nuevo.

R. Esa no es la cuestión. La protesta tiene que ver con un miedo que no tiene que ver con la aplicación de una ley, que es la que dice como un Gobierno tiene que organizarse. El Estatuto Básico del Empleado Público, que algún sindicato dice que se vulnera, dice en su artículo 37.2, que quedan excluidas de la negociación las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización. Nosotros pensamos en 2007 que nuestra organización tenía que ser simplificada, que la Administración instrumental había adquirido unas dimensiones por encima de lo razonable, que estábamos teniendo duplicidades de servicios, que no son de recibo cuando tenemos que hacer un ejercicio de racionalidad y de eficiencia, y que no era lógico que hubiera puestos directivos duplicados para la misma tarea.

P. Ustedes anunciaron la reordenación con el objetivo del ahorro. ¿Cuánto van a ahorrar?

R. Esto supone la eliminación de 184 puestos directivos. Y supone, al menos en el horizonte de los próximos cuatro años, un ahorro de 180 millones de euros, en simplificación de sedes.

P. A cuántos trabajadores afecta directamente el decreto.

R. A 2.069 funcionarios, 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral de las entidades instrumentales. Aunque la mayor parte es del Servicio Andaluz de Empleo, que es un organismo autónomo de carácter administrativo que se transforma en agencia especial. En muchos casos, a 10 funcionarios o a ninguno.

P. Y sobran funcionarios o empleados públicos.

R. Consideramos que el empleo público es un elemento de consolidación fiscal. Nuestro objetivo es mantener los servicios públicos y ¿cómo vamos a darlos sin personal? Todos los datos de comparación de volumen de empleados públicos nos dicen que es razonable para los servicios que prestamos. Y países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, países competitivos, con déficits bajos..., son países que tienen tasas de empleados públicos muy por encima de las que tiene Andalucía. No es incompatible tener empleo público con ser competitivos.

P. Con las nuevas agencias no se corre el peligro de incrementar los costes salariales.

R. A medio plazo seguro. Por que se busca homogeneizar las condiciones de los trabajadores públicos, porque tampoco era muy lógico las asimetrías que había entre unos sitios y otros. A corto plazo no, cada uno tendrá su convenio colectivo actual que se va a mantener.

P. Ustedes aseguran que los funcionarios no perderán derechos, pero ellos afirman que, al reducirse la Administración, sus posibilidades de promoción disminuyen.

R. ¿Dónde se reduce la Administración? ¿Se ha eliminado alguna relación de puestos de trabajo? ¿Se ha eliminado algún puesto? La oferta de empleo público está ahí y seguirá haciéndose. Al contrario, si algo ha de pasar es que se vayan aclarando aquellos puestos de trabajo de las Agencias Públicas Empresariales que deben ser ocupados sí o sí por funcionarios.