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Reportaje:

Un 'pelotazo' de libro

Un terreno en Morón destinado a VPO multiplica por siete su valor desde 2006 - Un empresario obtuvo un millón de euros pese a que no levantó las viviendas

Javier Martín-Arroyo

El boom del ladrillo dejó durante años sospechosos acuerdos, recalificaciones y concursos donde ciertos Ayuntamientos y promotoras fueron de la mano para lograr el mayor beneficio al menor coste. El suelo sumaba ceros mientras las viviendas crecían como setas. En Morón de la Frontera (28.000 habitantes, Sevilla), los ceros se multiplicaron pero sin ninguna casa que lo justificara.

El Ayuntamiento de Morón (PP) pretendía en 2005 construir 191 viviendas de protección oficial (VPO). La empresa MozamproXXI, en aquel entonces propiedad al 50% del cantante Tate Montoya, amigo del alcalde Manuel Morilla, se adjudicó los terrenos por 430.000 euros en un concurso público plagado de irregularidades. Un año después el cantante vendió la sociedad por 1,4 millones a Bartolo SL, tal y como reconoció ayer Montoya. El precio de la finca pasó de valer 350.000 euros a los actuales 2,4 millones. Siete veces más. Y el terreno permanece hoy como un secarral abandonado.

MozamproXXI ganó un concurso público pero incumplió múltiples cláusulas
El PP sustituyó a su candidato a las municipales por Morilla

El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Altos del Sur, adquirió los terrenos a la constructora Portland Valderribas (del grupo FCC) por 350.000 euros, bajo el compromiso de destinarlos a VPO. Al concurso solo se presentaron MozamproXXI y PYM Consultores pese al precio extremadamente ventajoso de 400.000 euros (existía una opción de compra previa del Consistorio por 1,6 millones).

Los criterios del concurso fueron leoninos y perjudiciales para las arcas públicas: el Ayuntamiento dejó de percibir 380.000 euros. El precio de licitación ofrecido por PYM Consultores fue de 812.000 euros frente a 430.000 de MozamproXXI, y el precio de venta de cada vivienda 86.135 euros frente a 89.950 (las casas de MozamproXXI eran más caras).

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Si el Ayuntamiento quisiera rescindir el acuerdo con la ganadora MozamproXXI, tendría más de una razón para hacerlo. La cláusula 12.3 exigía que la escritura pública solo fuera otorgada una vez iniciadas las obras de urbanización. Y sin embargo, se escrituró sin levantar un solo ladrillo. "Fue un error autorizarla, pero también lo cometió el notario que firmó la escritura y el registro", se escuda Alfonso Angulo, alcalde en funciones que sustituye al polémico Manuel Morilla, de baja por enfermedad. El plazo de ejecución, fijado en 30 meses para la mitad de las viviendas y en 50 meses para el resto de viviendas, se incumplió. Además, el pliego de condiciones tenía "la obligación expresa del adjudicatario de no transmitir las parcelas", ignorado por Montoya y su socio al vender el 100% de la sociedad para enmascarar la transmisión por vía indirecta.

A pesar de que la oferta económica de PYM Consultores era muy superior, los arquitectos premiaron las obras realizadas en Morón por los técnicos contratados por MozamproXXI, ya que la empresa se había creado solo un año antes. Estos criterios localistas decantaron la balanza a favor de MozamproXXI por 19 puntos.

Tras el temporal de la crisis, Bartolo SL vendía MozamproXXI por 2,4 millones el pasado verano, pero ahora se replantea construir las viviendas si surgen suficientes vecinos interesados.

"No teníamos empleados, sino que se contrataba gente para las ocasiones (...) Viendo la lentitud burocrática, decidimos vender", alega Montoya sobre la operación fraguada. Su amistad con el alcalde era conocida por todos sus vecinos. En 2003, Javier Arenas había encumbrado como candidato a Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, pese a que el PP local nombró al concejal Felipe López.

Tras el concurso, el PSOE se quejó en el Consejo de Administración de Altos del Sur porque la promotora ganadora estaba "recién constituida" y pidió un informe jurídico que fue rechazado por Angulo como secretario de la sociedad. De momento, Portland Valderribas no exigirá la devolución del terreno, pese a que una cláusula le atribuía ese derecho con una indemnización del 20% del precio original de 350.000 euros. "Estamos esperando. Veremos si no construyen", avisó un portavoz de la constructora.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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