Los planes urbanísticos se someterán a un informe de impacto en la salud

Los nuevos planes urbanísticos o proyectos industriales tendrán que estar avalados por un informe que concrete su impacto en la salud. Esta es una de las novedades que introduce el anteproyecto de la Ley de Salud Pública de Andalucía que la consejera María Jesús Montero presentó ayer al Consejo de Gobierno. Este informe tendrá que ser solicitado por los responsables del plan a la Consejería de Salud, que tendrá un mes para emitir sus conclusiones. El resultado será vinculante y, de detectar peligros para la salud, impedirá la aprobación del proyecto.

Según el texto presentado ayer por Montero, esta nueva medida de control afectará a los grandes planes empresariales públicos y privados con clara incidencia en la salud y cuya aprobación pase por el consejo de Gobierno. También deberán contar con este informe todos los instrumentos de planeamiento urbanístico, como los PGOU, los planes de ordenación intermunicipal y los planes especiales que afecten a suelos no urbanizables.

La nueva ley, para cuya aprobación habrá que esperar al menos un año, establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y de la administración respecto a la salud pública. "Es una ley transversal y vanguardista" aseguró la consejera, quien definió el proyecto como "una gran concertación social". Una vez que se considera que la atención sanitaria ha alcanzado ya unos niveles adecuados, el objetivo ahora es articular mecanismos de prevención. "Algunos estudios plantean que el 40% de los problemas de salud tienen qu ver con conductas cotidianas no saludables", explicó Montero. Entre ellas, el texto pone especial énfasis en la necesidad de cuidar la alimentación, impulsar el ejercicio físico y combatir el tabaquismo.

Cuando la ley esté aprobada se elevarán a la categoría de derechos algunas conductas que, en la mayoría de los casos, ya forman parte (o deberían) de las buenas prácticas habituales por parte de las administraciones. Así, el texto establece el derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública (que la administración prevenga las enfermedades epidémicas o promocione los estilos de vida saludables), el derecho a disponer de espacios públicos para realizar actividades físicas o el derecho a obtener información sobre las características y las condiciones relevantes para la salud pública de los productos alimentarios. El borrador establece también el derecho a que la oferta alimentaria de centros escolares, instituciones y servicios públicos sea "equilibrada nutricionalmente". La Junta había anunciado su intención de sustituir de forma general la bollería industrial, las chocolatinas y los refrescos azucarados por piezas de fruta y agua en las máquinas expendedoras, aunque finalmente se ha optado por ir primando la presencia de alimentos saludables, aunque sin prohibir los otros (esa competencia es estatal).

La nueva norma también establece obligaciones para las administraciones y los ciudadanos. Entre otras, cumplir las medidas sanitarias adoptadas para luchar contra las amenazas a la salud pública, como la violencia o el tabaquismo.