La policía de Sevilla elimina ocho asentamientos en dos días

La Policía Local de Sevilla ha desmantelado en los últimos días ocho asentamientos en los márgenes del río Guadalquivir, en las zonas de Chapina y el Charco de la Pava. Según fuentes municipales, en los ocho poblados vivían 87 personas, la mayoría, miembros de familias compuestas por inmigrantes de origen rumano.

El dispositivo puesto en marcha por las delegaciones municipales de Convivencia y Bienestar Social tiene previsto actuar hoy en la zona del Paseo Juan Carlos I, donde también se han detectado asentamientos. Según los datos del gobierno municipal, desde el pasado mes de agosto se han desmantelado ya más de 120 poblados. En la mayoría de los casos, los habitantes proceden de un edificio de viviendas ocupado ilegalmente en el centro de la capital y que fue desalojado en julio.

Algunos de sus habitantes, la mayoría rumanos, se acogieron a un convenio con el Ayuntamiento para acceder a albergues, pero otros se dispersaron por la ciudad y, desde entonces, instalan asentamientos. Normalmente, buscan zonas cercanas al río para poder lavar y asearse.

La Policía Local, que hace controles rutinarios, detectó hace tres días chabolas y tiendas de campaña en tres zonas y puso en marcha el protocolo habitual: informarles de que no pueden estar allí porque la ocupación de espacio público es ilegal. Los agentes les dan un plazo aproximado de 24 horas para marcharse. La mayoría de los habitantes de los asentamientos eliminados en los últimos días ya se habían ido cuando llegaron los servicios municipales para desmantelar los poblados.

Aún así, en el dispositivo de esta semana se han eliminado 46 tiendas de campaña tipo iglú, 17 de ellas prefabricadas con tableros. La grúa municipal tuvo que actuar también para retirar un coche y la empresa municipal de limpieza, Lipasam, ha retirado 29.400 kilos de basura. "El objetivo de estos dispositivos es que no se consoliden ni crezcan los asentamientos", explican fuentes municipales. El Apuntamiento pretende evitar también que las tiendas de campaña y las chabolas se conviertan en casas prefabricadas, para cuyo derribo hace falta una orden judicial.

En el dispositivo participan también los servicios sociales, que ayer se hicieron cargo de una joven embarazada que vivía en uno de los poblados.