La policía desmantela un fraude masivo para cobrar el subsidio del paro

La policía detuvo ayer en Granada a 83 personas en relación con un supuesto fraude de alrededor de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público Estatal de Empleo. Según informó el Ministerio de Trabajo, el presunto fraude consistía en que empresas de la construcción con nula o escasa actividad daban de alta a supuestos trabajadores durante el tiempo mínimo exigido por ley para poder cobrar después una prestación social. De los 83 detenidos, tan solo el presunto cabecilla de la trama, ingresó en prisión provisional, tras declarar ante el juez. El resto quedó en libertad con cargos. Los empleados, según fuentes del caso, también habrían pagado aquí una cantidad de dinero por conseguir el alta en alguna de las cuatro empresas ficticias y poder después cobrar el paro.

La operación Nota guarda bastantes similitudes con la denominada Genil, en la que fueron imputados más de 1.700 en diciembre de 2008 y que aún está en fase de instrucción. Según fuentes de la investigación, algunos detenidos aparecen en ambos casos.

Dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa. Otros tres, por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de falsedad documental y estafa. Todos declararon durante esta semana en sede policial y sólo seis lo hicieron ayer ante la juez de Instrucción 3, en funciones de guardia.

La obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo, de la que informó ayer el Ministerio de Trabajo, se descubrió cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social detectó empresas de construcción que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de personas al mismo tiempo e incumplían reiteradamente la obligación de cotizar por sus seguros sociales. Se comprobó la inexistencia de actividad laboral en las empresas, en las que figuraban como supuestas responsables personas que no tenían solvencia, no intervenían en la dirección y eran familiares del supuesto cabecilla, excepto uno, el de la principal empresa investigada, que lo acusa de haberle utilizado por instarle a firmar la constitución de la misma sin él saber exactamente qué era.

En total, dieron de alta a 175 trabajadores de los que 142 cobraron prestaciones y subsidios por desempleo por un importe de 850.000 euros. Las empresas incumplían con la obligación de cotizar a la Seguridad Social con un descubierto de 1,4 millones de euros. El responsable de las empresas vendía facturas falsas por operaciones simuladas por importe de 735.000 euros. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.