La queja histórica

Esta semana última la han dedicado los jefes de partido a reunirse con el presidente de la Junta para determinar la cantidad de euros que el Estado debe históricamente a Andalucía. Una disposición del antiguo Estatuto, derogado ya, decía que, "dadas las circunstancias socio-económicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios", el Estado consignará "como fuentes excepcionales de financiación unas asignaciones complementarias". A esto le llaman ahora deuda histórica. En 1981 era difícil ir normalmente al colegio y al médico.

Lo mismo que pedía entonces el Estatuto caducado, lo sigue exigiendo el Estatuto de 2007. El nuevo cita al viejo y recuerda que los Presupuestos Generales del Estado deberán destinar cantidades complementarias "para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía". No ha pasado el tiempo. Los partidos siguen reclamando lo mismo que en 1981, como si entendieran que Andalucía no alcanza todavía el nivel mínimo en educación, sanidad y vivienda.

Hay regiones de España que, para valer más, reclaman derechos históricos. Andalucía reclama la deuda histórica. El poder de la queja, en el caso andaluz, supongo que se remonta a la situación lamentable de Andalucía a finales de los años setenta del siglo pasado, después del abismamiento social y geográfico en siglos de feudalismo voraz y años de burocrático franquismo persistente. Los reyes de Castilla repartieron las mejores tierras de la zona a sus mejores soldados, frailes y nobles, y la costumbre duró hasta la guerra contra Napoleón, cuando se regalaban fincas a los generales ingleses, y hasta Franco: los jerarcas franquistas estuvieron entre los primeros que adivinaron el futuro turístico del suelo andaluz.

Andalucía ha sido siempre un paraíso para la minoría feliz andaluza, pero hoy todos, minoría y mayoría, reivindican la deuda histórica. Así como, más al norte, hay quien desentierra derechos históricos para fomentar el espíritu regional-nacional, los partidos andaluces participan en el nacimiento de nuevas nacionalidades exigiendo el pago de la deuda histórica. Pero, si los derechos históricos son particulares de la comunidad que los enarbola, el derecho a recibir fondos complementarios para que la Administración sirva mínimamente y en lo fundamental a los ciudadanos corresponde a todas las regiones de España, según la Constitución, como recordaba Javier Pérez Royo el viernes en estas páginas. No hace falta recurrir a ninguna deuda antigua: basta con, en cada momento, ser financieramente insuficiente.

Parece que Andalucía, en opinión de sus partidos, sigue siendo incapaz. Parece que no ha contado, desde 1981, con los medios para prestar servicio a los ciudadanos al mismo nivel que en otras comunidades autónomas. Si es así, ha fallado el Estado, que no ha distribuido equitativamente sus recursos, y esto puede ser un buen asunto para una política regional hecha de recelos locales, celos interterritoriales y deseos de no ser menos que nadie, una idea espléndida de lo que es España y la política. La pobre Andalucía, según sus partidos, más de 25 años después del primer Estatuto, ni siquiera ha conseguido dotación presupuestaria para que funcionen al nivel mínimo los servicios básicos.

Incluso el imbatible gobernante socialista, con su eslogan institucional-partidista Andalucía al máximo, parece entender que la Comunidad está bajo mínimos. Pide fondos complementarios para seguir superando en 2007 las circunstancias socioeconómicas de 1981, a pesar de que, desde entonces, se han recibido "asignaciones de nivelación, llamadas a garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial (...), y las transferencias de la Unión Europea por los fondos estructurales y el de cohesión, recursos todos ellos de los cuales la Comunidad Autónoma de Andalucía, no sólo es perceptora, sino una de sus mayores beneficiarias", como recordaba el Tribunal Constitucional en su sentencia 13/2007, que, entre otras cosas, no respaldaba la pretensión del Parlamento andaluz a que la deuda histórica figurara en los presupuestos generales del Estado para 1998.