El río de todos
La recuperación del Guadaíra sigue sin ejecutarse nueve años después de su aprobación
El río Guadaíra nace en la gaditana sierra de Pozoamargo, cerca de la localidad sevillana de Coripe, para desembocar en el Guadalquivir, unos 20 kilómetros al sur de Sevilla capital. Con un recorrido de más de cien kilómetros es, junto al Genil, el cauce de mayor influencia en la campiña sevillana, bañando las tierras de importantes poblaciones como Marchena, Utrera, Paradas, Arahal, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra o la propia Sevilla.
Durante décadas soportó numerosas actividades que, sin embargo, no alteraron la calidad de sus aguas. Docenas de molinos harineros salpicaban sus orillas que, al mismo tiempo, eran zona de esparcimiento imprescindible para los pueblos de su cuenca y hasta de la propia capital hispalense. En sus riberas convivían los pescadores, los agricultores ocupados en las huertas, los recolectores de enea, y hasta los pintores de la escuela paisajista sevillana de principios del siglo XX que encontraron en sus paisajes motivo de inspiración.
Sin embargo, y como ocurrió con otros muchos cursos de agua, el Guadaíra sufrió las consecuencias de un modelo de desarrollo que otorgaba a los cauces el único papel de cloacas a donde arrojar, sin ningún tipo de tratamiento, todo tipo de residuos. De esta manera acabó convirtiéndose en uno de los ríos más contaminados del país, circunstancia que ya se puso de manifiesto en el primer informe general de medio ambiente publicado por la desaparecida Agencia de Medio Ambiente. En aquel documento, fechado en 1987, se advertía que el Guadaíra registraba un índice de calidad general que, en sus valores mínimos, no llegaba a 18, cuando por debajo de 60 se consideraba que los niveles de contaminación no eran admisibles.
La situación venía siendo denunciada por diferentes colectivos ciudadanos que reclamaban la urgente recuperación del cauce, demanda que, finalmente, llegó al Parlamento andaluz, donde, en 1994, se aprobó una proposición no de ley que instaba al gobierno autonómico a elaborar un programa coordinado de recuperación y mejora del cauce. Dicho programa se puso en marcha, finalmente, en marzo de 1996.
Las actuaciones previstas incluían la instalación de depuradoras y vertederos controlados, la vigilancia y corrección de vertidos, la limpieza del cauce y sus márgenes, así como el deslinde del dominio público hidráulico y de las vías pecuarias. Los trabajos se presupuestaron en 14.000 millones de las antiguas pesetas y se fijó su finalización en el año 2003. Al mismo tiempo, aunque sin presupuesto asignado, se fijaron otras actuaciones encaminadas a recuperar la vegetación asociada al cauce, el patrimonio histórico o los valores paisajísticos.
Nueve años después de aprobarse este ambicioso plan, sus principales objetivos siguen sin cumplirse, como denuncia Joaquín Ordóñez, portavoz de la plataforma cívica Salvemos el Guadaíra, quien cifra el grado de incumplimiento en un 85 %. "Solamente ha habido algunos avances", precisa, "en la instalación de depuradoras de aguas residuales, aunque ninguna de ellas funciona al cien por cien y, en algún que otro caso, sufren averías de consideración al no tener capacidad para hacer frente al volumen de vertidos que recibe la red de alcantarillado". Asimismo, se han restaurado algunos molinos, "pero desgraciadamente no se les da uso y son presa del vandalismo y la ocupación". En resumen, concluye Ordóñez, "se ejecutan positivamente obras con dinero público y después no se toman medidas ni de conservación ni de uso".
La plataforma, que comenzó sus reivindicaciones en 1992, ha conseguido aglutinar a numerosas instituciones y colectivos de toda la cuenca, como demostró el pasado año al entregar en el Parlamento andaluz 25.000 firmas de ciudadanos que reclamaban el cumplimiento del plan de recuperación. Estas y otras movilizaciones sirvieron para que la comisión de seguimiento del plan, que llevaba cinco años sin convocarse, se reuniera a finales del pasado mes de enero, y la Administración mostrara, por fin, otro talante.
La Consejería de Medio Ambiente se ha comprometido a reabrir la Oficina de Gestión del Río, que llevaba cerrada dos años, y a convocar la comisión de seguimiento cada seis meses, reuniéndola en los diferentes municipios de la cuenca y aceptando que en ella la plataforma cívica cuente con varios representantes. "Entendemos", señala Ordóñez, "que se abre un nuevo periodo en el que, por un lado, debemos seguir presionando para recordar, constantemente, que no tenemos un río limpio y vivo todavía, y, por otro, debemos aprovechar el cauce de participación que antes se nos prohibió y ahora se nos devuelve".
sandoval@arrakis.es
Nueva cultura del agua
El debate y las movilizaciones a propósito de la recuperación del río Guadaíra, que en sus orígenes pudieran parecer exclusivas del movimiento ecologista, son hoy fiel reflejo del cambio que han experimentado este tipo de reivindicaciones. Examinando la lista de colectivos y entidades que se suman a los postulados de la plataforma cívica pueden encontrarse, además de grupos ecologistas, a partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, comités de empresa, ayuntamientos o asociaciones de padres. En definitiva, un grupo plural de ciudadanos que reclama su derecho a participar en la gestión sostenible del agua.
"Como ciudadanos de la cuenca del Guadaíra", explica Joaquín Ordóñez, "queremos recuperar lo que nos pertenece, no queremos perder la singularidad que este río nos proporciona, deseamos colaborar pero reclamando lo nuestro". Por eso, las demandas de la plataforma no se limitan al cauce y sus márgenes, sino que inciden en aspectos relacionados con el medio físico, la demografía, las actividades económicas, los valores naturales o el patrimonio histórico y cultural.
Sobre esta nueva forma de entender los ecosistemas acuáticos se ha pronunciado, buscando el compromiso de los poderes públicos, una extensa nómina de científicos de dieciséis países que, el pasado día 18, presentaron en Madrid la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua. El documento, que ya ha obtenido el respaldo del Gobierno y de la Junta, incide, precisamente, en el valor de la participación ciudadana, para lo cual se hacen indispensables "reformas institucionales precisas, que acaben con el corporativismo negativo, la burocracia e, incluso, el desgobierno que en ocasiones existe".
