Los sindicatos de funcionarios se niegan a negociar sobre el decreto
La Junta cree que hay intereses políticos para prolongar el conflicto laboral
Los principales sindicatos de funcionarios llegaron al Parlamento con muy pocas ganas de dialogar o negociar su postura frente al decreto ley de reordenación del sector público, que ahora inicia su camino para tramitarse como proyecto de ley. Los representantes de CSIF, Sindicato Andaluz de Funcionarios y de (Safja) y Ustea comparecieron ayer ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública con un mensaje coincidente y rotundo: la derogación de la norma.
El decreto del sector público se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno andaluz que, además, amenaza con prolongarse por bastante tiempo más. Las virulentas protestas de los funcionarios y trabajadores públicos han acompañado prácticamente cada acto oficial del Gobierno desde que el decreto entrara en vigor en julio pasado. La Junta consiguió acordar algunas reformas al texto original con las centrales sindicales UGT y CC OO, pero el conflicto laboral siguió calentándose. La decisión de congelar el decreto e iniciar el trámite como proyecto de ley, tampoco parece haber calmado la situación.
Los representantes sindicales exigen la derogación en el Parlamento
La secretaria general de CSIF, Alicia Martos, exigió "una reordenación del sector público, pero parando en seco, dando marcha atrás y plantear de otra forma el proceso de reordenación". "Tras el debate, no habrá terminado y seguiremos luchando por los legítimos intereses, pues puede que tengáis el poder pero no la razón", sentenció.
Las palabras de los sindicatos no sentaron nada bien en el Gobierno. La prolongación del conflicto laboral a pocos meses de las elecciones municipales, llevan al Ejecutivo a pensar que la postura de estos sindicatos tiene intenciones políticas. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, calificó de "bastante lamentable" que hubiera sindicatos que optaran por una protesta -en alusión a la manifestación convocada para el día 22-, en lugar de elevar propuestas al Parlamento. Moreno sostuvo que estos sindicatos: "Están claramente politizados" y que actuaban con "crispación y radicalidad".
La dirección del PSOE también rechazó la la actitud "amenazante y hostil" de los representantes de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, que ha amenazado con biocotear la campaña de los socialistas en las municipales. En su opinión, estas amenazas constituyen un "chantaje" el Gobierno para que rectifique.
Por su parte, UGT y CC OO defendieron el decreto "en aras del interés de los empleados públicos y del interés general". El representante de UGT, Dionisio Valverde, criticó la actitud de los sindicatos gremiales y destacó que estas posturas han llevado a que se " produzcan agresiones a trabajadores". La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cuestionó el procedimiento de urgencia y vía decreto ley elegido por el Gobierno andaluz para tramitar dicho texto.
Por otro lado, La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido elevar una cuestión de constitucionalidad sobre el decreto ley por el que se aprueba el recorte del 5% de las retribuciones de los trabajadores públicos, informa Europa Press.
