Los sindicatos se unen en defensa de las oposiciones a maestro

Los cinco sindicatos mayoritarios de la enseñanza (CC OO, ANPE, CSIF, UGT y USTEA) se unieron ayer para mostrar su rechazo a la decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de recurrir las oposiciones para profesores convocadas por la Junta de Andalucía. En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones sindicales manifestaron su "disconformidad absoluta" con la medida anunciada por el ministerio que dirige Elena Salgado y advirtieron de los "graves perjuicios" que causaría a la educación pública esta decisión.

La comparecencia conjunta supone un último intento de las organizaciones sindicales de presionar al Ministerio de Economía para que dé marcha atrás. La Abogacía del Estado tiene de plazo hasta mañana para recurrir la convocatoria de la Junta, que ha ofertado 3.796 plazas de profesores de infantil y primaria para las que ya se han inscrito 37.000 opositores. El recurso contra las pruebas andaluzas se uniría a los tres ya presentados contra las oposiciones convocadas en Navarra, Cataluña y Castilla-León. Además, Economía ha dado orden de frenar también las convocatorias de Aragón, Extremadura y Baleares.

Según los sindicatos, si se paralizan las oposiciones, convocadas para junio, se perderán en Andalucía casi 2.000 plazas de docentes, lo que, advierten, afectará a la calidad del sistema educativo, empeorará las condiciones laborales de los profesores y obligará a aumentar los conciertos con colegios privados. Los sindicatos han convocado para mañana por la tarde concentraciones de protesta ante las subdelegaciones del Gobierno de las ocho capitales andaluzas.

"Todas las organizaciones sindicales pensamos que, pese a ser insuficiente para cubrir las necesidades del sistema educativo andaluz, las 3.796 plazas de maestro componían una oferta valiente y buena por parte de Andalucía", señaló el presidente regional de ANPE, Francisco Padilla, que lamentó que las expectativas de los casi 37.000 opositores se vean ahora "truncadas".

Economía insiste en que la oferta andaluza incumple el artículo 23 de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, que fija una tasa de reposición (cubrir las bajas por jubilación o fallecimiento) del 10% para el conjunto de los funcionarios y del 30% para los del sector educativo. La Junta de Andalucía ha entendido que la enseñanza es una prioridad y ha interpretado la ley de forma que en el sector educativo se cubren el 100% de las bajas y en el resto se congela o se reduce al máximo la tasa de reposición para que, en el cómputo global, se ajuste al 10% impuesto por el Gobierno.

Pero Economía rechaza esta interpretación, que sí obtuvo hace unas semanas el visto bueno del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves. Su departamento y la Junta intentan buscar una solución, aunque de momento no la han encontrado.

Economía, por su parte, se mostró ayer dispuesta a hablar con las autonomías para buscar puntos de encuentro, pero con la premisa de que se ajuste a lo que estipula la ley de presupuestos, según fuentes de este departamento. "La prioridad es que se cumpla la ley", insistieron estas fuentes, que señalaron la importancia que tiene el acatamiento de la norma para lanzar un mensaje al exterior de que España cumple con los planes de austeridad a los que se ha comprometido.