Los socialistas aprueban en solitario el dictamen de la ley del sector público
IU se abstiene y los populares rechazan el texto, que califican de "chapuza"
La comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública aprobó ayer, con los votos del PSOE, el rechazo del PP y la abstención de IU, el dictamen del decreto ley, tramitado como proyecto de ley, de reordenación del sector público andaluz, que incluye 45 enmiendas de socialistas e Izquierda Unida. El de ayer supone el penúltimo paso del proyecto de ley, que será aprobado definitivamente la próxima semana en el pleno del Parlamento andaluz y que implicará la reducción, mediante fusión o absorción, de 111 entidades públicas, lo que supondrá un ahorro de unos 118 millones y crear más de una decena de agencias públicas.
Como se preveía, el grupo socialista rechazó las 42 enmiendas planteadas por el PP al proyecto de Ley, al que sí han quedado incorporadas las 32 enmiendas del PSOE y 13 de las 85 planteadas por IU. Los dos grupos de la oposición ya han anunciado que volverán a defender las enmiendas en el debate final que acogerá el pleno del Parlamento el próximo 16 de febrero.
El PSOE acusa al PP de "manipular y mentir" sobre la reordenación
El portavoz del PSOE en la comisión, José Caballos, que recordó que la reordenación del sector público no responde más que al acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dijo que los funcionarios "han sido, son y serán la columna vertebral" de la función pública andaluza. Caballos, que acusó al PP de "manipular y mentir" sobre la reordenación del sector público, advirtió de que en la norma "nada dice" de quitar a los funcionarios el ejercicio de las potestades administrativas "directas e indirectas". En la norma, no hay tampoco, según el socialista, "ni rastro" de que el personal directivo no vaya a ser personal de carrera: "Ningún funcionario perderá su espacio, sus derechos adquiridos, su carrera profesional, ni su empleo".
Jorge Ramos (PP), que apuntó que la reordenación del sector público era "obligada", censuró la "chapuza" creada por el Gobierno andaluz tanto en el fondo como en la forma. "Ha habido una total ausencia de diálogo", se quejó Ramos. Tras criticar las "descalificaciones" lanzadas por el PSOE y el Gobierno andaluz a los funcionarios por sus protestas, dijo que el objetivo final de la norma del Gobierno es mantener la administración paralela existente y "privatizando", al presentar una "OPA hostil" a los funcionarios.
"El objetivo último del proyecto de ley ha sido blanquear y consolidar la administración paralela. Crear una administración más alejada de los controles y alejar a los funcionarios de las potestades administrativas", insistió el popular, quien lamentó que su grupo haya visto rechazadas las 42 enmiendas que presentó.
Más conciliador se mostró el portavoz de Economía de IU, Pedro Vaquero, quien recalcó que durante el trámite parlamentario su grupo ha pretendido tener una actitud "responsable y constructiva" porque de lo que se trataba en estos momentos era de enmendar un decreto de ley. "El momento de la derogación ya había pasado", dijo.
Vaquero indicó también que su formación ha pretendido crear una alternativa reformando la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA) y ha querido ser realista con el nuevo modelo de administración que permitiera a las posiciones encontradas "cruzar el puente" del entendimiento sobre algo que está generando conflictos.
El portavoz de la coalición de izquierdas afirmó también que entre las enmiendas que ha rechazado la mayoría del PSOE -y que mantendrán en el pleno parlamentario de la próxima semana- están la creación de un Estatuto Básico de la Función Pública, la creación de un modelo de "agencia única" en vez de los cuatro tipos actuales, y hacer que "sin despedir a nadie" no se impida la carrera profesional en la función pública.
