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Los técnicos desmontan las sospechas del PP sobre el Plan Centro de Sevilla

Cinco funcionarios tumban el informe que vio "irregularidades" en el sistema

Reyes Rincón

Cuando el PP decidió el 29 de julio crear una comisión de investigación sobre el Plan Centro de Sevilla, los dos grupos de la oposición, PSOE e IU, calificaron la medida de "cortina de humo". Ese día se celebraba el pleno municipal en el que el nuevo gobierno iba a derogar las restricciones de acceso en coche al casco histórico y la oposición interpretó que el objetivo del PP era que la anulación del plan sin un debate previo ni buscar alternativas pasara más desapercibido. Lo que no podía pensar el gobierno municipal es que ese humo iba a acabar dañando sus propios pulmones.

Las dos jornadas de comparecencias ante la comisión celebradas entre el lunes y ayer se han vuelto en contra del gobierno. En la sesión de ayer, los cinco técnicos municipales citados y el director regional de la empresa Sice (adjudicataria del sistema informático en el que se basaba el plan) desmontaron el informe redactado por un funcionario que esgrimieron los populares para asegurar que el Plan Centro estaba "plagado de irregularidades", según lo calificó el aquel pleno el portavoz del gobierno y presidente de la comisión de investigación, Francisco Pérez.

La empresa que controlaba las cámaras rechaza que funcionaran mal
Los técnicos exigen que se "restaure" su honor tras las dudas vertidas por el PP

Los cinco funcionarios, todos muy vinculados al plan, ofrecieron testimonios valientes, mesurados pero sin morderse la lengua por saber que lo que estaban diciendo podía no gustarle a sus nuevos jefes. El informe que el PP dio por bueno cuestiona de forma muy contundente el trabajo de estos técnicos y los funcionarios no esconden su herida. Alguno incluso exigió que se "restaure el honor" de los técnicos, una exigencia a la que se sumaron rápidamente PSOE e IU.

El problema de partida es que el nuevo director general de Movilidad, Enrique Medina, encargó el informe sobre el Plan Centro al ingeniero jefe de sección del centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez. Pero Gutiérrez no había participado en la puesta en marcha del plan porque desde hacía años "eludía" sus responsabilidades. "Era imposible mantener una relación normal con él", explicó Reyes González, jefa de servicio de Proyectos y Obras.

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Gutiérrez mantiene un litigio con los anteriores responsables de la Delegación de Movilidad, a los que acusa de acoso laboral. El actual director del área ha negado que esta situación le llevara a elegir a Gutiérrez para hacer el informe, pero lo cierto es que el propio técnico ha admitido que tuvo que indagar mucho para ponerse al día sobre el Plan Centro porque no lo conocía.

Y en esas indagaciones, según lo que revelaron los funcionarios, fue poco riguroso. Aseguró que la fiabilidad de las cámaras era "inadmisible", pero los técnicos y que declararon ayer la sitúan entre el 96% y el 99%; que la base de datos que se usaba para multar no se había dado de alta en la Agencia de Protección de Datos, lo que también negaron los comparecientes; que el sistema estaba "completamente desactivado" desde el 25 de mayo, pero los técnicos afirmaron que ha funcionado "correctamente" hasta que el gobierno lo derogó.

Los técnicos sí que han confirmado que no se tramitaban multas desde el 29 de marzo. Pero le han dado una explicación administrativa (falta de personal a la espera de cubrir unas vacantes y decisión "temporal" de no tramitar sanciones) que, en su opinión, no invalida el plan. "El plan normativamente estaba en vigor, que había una señalización vertical que así lo establecía y que las cámaras fundamentalmente son disuasorias. El objetivo era restringir el acceso, no sancionar", advirtió César Gallardo, jefe de servicio adjunto.

Pruebas de dudosa procedencia

El jefe de sección del centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, autor del informe que esgrimió el PP para asegurar que el Plan Centro era "un auténtico fraude" se presentó a su comparecencia del lunes cargado de documentación. Nadie se la había pedido, pero él consideraba que reforzaban su testimonio. El problema es que, según aseguraron algunos de los comparecientes de ayer, Gutiérrez nunca tenía que haber accedido a esa documentación y, aún menos, divulgarla.

La alarma saltó el lunes cuando el jefe de sección presentó unas imágenes captadas la semana pasada por las cámaras del Plan Centro. El PP había asegurado que las cámaras quedaban desactivadas desde el momento en que se derogó el plan. Pero los técnicos han revelado que siguen funcionando para saber los vehículos que entran cada día al casco histórico.

PSOE e IU han pedido al secretario municipal que informe sobre si las cámaras, una vez derogado el plan, tienen autorización legal para registrar a los ciudadanos que entran y salen del centro. Pero es que, además, uno de los comparecientes de ayer aseguró que Gutiérrez no está dado de alta en el sistema ni tiene las contraseñas necesarias para acceder a esas imágenes. Asimismo, este técnico advirtió de que "existe un deber de custodia y de no divulgación de esa información" que, en su opinión, Gutiérrez ha vulnerado.

El autor del primer informe presentó también a la comisión un escrito sin firma que detallaba algunas anomalías en el funcionamiento del sistema. Pero otro de los funcionarios denunció ayer que ese texto forma parte de un correo electrónico que él mismo envió a un compañero meses antes de que entrara en vigor el plan para que se corrigieran errores y que ninguno de los dos han entregado ese correo a Gutiérrez.

Cuando los asistentes a la comisión todavía no habían salido de su asombro, el ex jefe de servicio adjunto César Gallardo hizo constar su protesta porque Gutiérrez había presentado los originales de una documentación (listas de posibles infracciones) que él había firmado y a las que no tenía que haber accedido el otro funcionario. "El señor Gutiérrez no tiene legalmente acceso a esa información, que entiendo que fue sustraída de la Delegación de Movilidad", señaló Gallardo. El secretario municipal tendrá que disipar las dudas sobre cómo ha obtenido el funcionario estos documentos.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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