El tirón de las marcas blancas por la crisis amenaza al sector alimentario

Más de la mitad de las botellas de aceite de oliva y los paquetes de arroz que se venden corresponden a marcas blancas, es decir, marcas propias de las grandes cadenas de distribución. El tirón de estas etiquetas a consecuencia de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores es tan evidente como también lo es la amenaza que su eclosión está provocando en la industria agroalimentaria andaluza. Paradójicamente, aunque Andalucía lidera la agroindustria española, no existe fidelidad hacia los productos autóctonos. Y es que, según un estudio presentado por la empresa especializada en análisis de mercado basado en paneles de consumo TNS Worldpanel, las familias andaluzas gastaron en marcas blancas el año pasado 718 euros, lo que supone 60 euros más que la media de los hogares españoles.

El aceite de oliva y el arroz superan el 50% de consumo en marcas blancas

El sector demanda una ley de contratos y un código de buenas prácticas

Los efectos que el auge de las marcas blancas tienen en el agro andaluz los denunció en días pasados la cooperativa malagueña Hojiblanca, que calificó como "injustificada" la expulsión de su marca Torcaoliva de las tiendas de Mercadona. El motivo, según declaró el gerente de la aceitera, Antonio Luque, es que la cadena de supermercados ha decidido suprimir más de 900 referencias de los excedentes para vender sólo sus marcas blancas, dejando a los consumidores sin opción a elegir bajo la premisa de que sus productos son los más baratos. En todo caso, Luque advierte de que los daños más preocupantes son los que se pueden generar a medio y largo plazo, ya que Mercadona está comenzando a realizar plantaciones de olivares en Portugal y el Norte de África.

España lidera, junto a Francia y Alemania, el peso que tienen las marcas blancas en la Unión Europea, con un porcentaje por encima del 30%, muy lejos del 12,8% de Italia. Por comunidades, también es Andalucía donde más presencia otorgan los consumidores a estos productos, con un 35,6%, frente al 28% de Galicia en el polo opuesto. La presencia de estas marcas en las grandes cadenas oscila entre el 15% que tienen en Alcampo o el 25% en Carrefour y hasta el 50% en Dia. Y ya se sabe el peso de estas firmas en el consumo. Sirva como ejemplo que nueve de cada diez botellas de aceite se venden en las grandes superficies comerciales.

"Todos los eslabones de la cadena alimentaria están en Andalucía, pero el último y principal está en manos de capital foráneo y de las grandes superficies, que están reventando el mercado", dice con preocupación Agustín Rodríguez, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía. Junto a una ley de Márgenes Comerciales que ponga fin a las "prácticas abusivas" de las cadenas de alimentación -el aceite de oliva, por ejemplo, se ha estado vendiendo semanas atrás por debajo de costes para captar consumidores-, Rodríguez demanda del Gobierno una ley de contratos para que los precios no caigan por debajo de los costes de producción, un código de buenas prácticas para respetar el principio de negocio, así como regular la Ley de Interprofesionales para que ésta tenga competencia.

El consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, indicó en días pasados en el Parlamento que los grandes retos a los que debe hacer frente el sector agroalimentario andaluz para ser más competitivo son la fusión y la cooperación empresarial. Soler destacó el "enorme potencial" de la agroindustria andaluza recordando que aporta el 27% del valor añadido bruto y genera unos ingresos anuales por encima de los 13.000 millones de euros. En esta tarea se encuentra la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), que ha pedido una ley de Cooperativas para que el sector agrario andaluz gane en competitividad y flexibilidad ante la situación "crítica" del sector. La nueva ley, según Faeca, debería implicar mejoras fiscales y económicas y menos rigidez en las obligaciones.