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La vía de escape de los 72 intrusos

El artículo 308 permitirá que algunos detenidos por el 'caso de los ERE' eludan el juicio si devuelven el dinero - Un sospechoso ya ha consignado 110.000 euros

Javier Martín-Arroyo

El revuelo generado por los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, carecerá de consecuencias penales para algunas de estas 72 personas identificadas por la Junta y que recibieron en torno a 10 millones de euros de manera ilegal. El artículo 308 del Código Penal es la salida a la que ya se han acogido varios de ellos: "Quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las subvenciones, desgravaciones o ayudas (...) el que reintegre las cantidades recibidas".

El primer intruso que ha previsto las ventajas de este artículo ha sido Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso durante 16 años e intruso en Cydeplast, que hace un mes entregó a la juez Mercedes Alaya un acta notarial en la que consignó 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta. Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabajó allí, y ahora alega su sorpresa al percatarse de que su póliza era ilegal. "Guerrero [el ex director general Javier Guerrero] me ofreció la posibilidad de obtener una prestación adicional derivada de un fondo de pensiones que él personalmente se encargaría de tramitar con la finalidad de complementar mis ingresos", declaró el exalcalde ante la policía.

"Guerrero me ofreció complementar mis ingresos", alega uno de los intrusos

A medida que la instrucción avanza es previsible que más intrusos se acojan a los beneficios del artículo 308 para eludir ir a juicio. El problema es que es necesario disponer de liquidez para consignar el dinero y algunos de ellos se han gastado los 200.000 euros recibidos en diferentes mensualidades, y otros abogados han optado por una estrategia diferente, como culpabilizar al pagador y defender a ultranza la inocencia de sus clientes.

De momento, la policía ha detenido a 32 polizones, a los que acusa de tráfico de influencias, aunque probablemente el cargo que estos afronten en el juzgado será fraude de subvenciones.

"La medida de reintegrar el dinero persigue restituir el daño, aunque defiendas que el intruso es ajeno a toda irregularidad", afirma uno de los letrados que pide el anonimato. Otro abogado subraya: "La devolución no supone ningún reconocimiento de responsabilidad penal". El reintegro del dinero cobrado debería producirse antes de que la fiscalía interponga su denuncia, pero al ritmo que avanza la investigación, los intrusos disponen de un gran margen de tiempo. Mientras, pueden disponer de ese dinero pagado por la Consejería de Empleo. Si no pagaran, fueran a juicio y resultaran condenados, los intrusos afrontarían una pena de entre uno y cinco años de prisión y una multa de seis veces la cantidad defraudada.

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La devolución del dinero exime al intruso incluso de la posible falsedad documental cometida para cobrar la subvención. "El problema del 308 es que extingue todos los delitos en el entorno del fraude fiscal, incluida la falsedad documental, que podría lesionar derechos de terceras personas. Quizá ahí se extralimitó el legislador", critica el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli. A la Administración siempre le interesa negociar la devolución del dinero con los defraudadores, como de hecho ocurre en la inmensa mayoría de los casos de fraude fiscal, reducidos a una negociación entre el empresario y el inspector de Hacienda para evitar llegar a los tribunales.

La Junta ya aclaró en un escrito dirigido a la juez del caso, Mercedes Alaya, que el fraude por parte de los polizones podría "ser constitutivo de un delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 308". "Se desconoce si las personas relacionadas conocían o consentían su inclusión en las listas de beneficiarios de las pólizas referidas o si percibieron cantidad alguna con cargo a estas", aclara el escrito del director general Daniel Alberto Rivera.

Entre los intrusos de los ERE destacan la suegra de Guerrero; el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés; el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cuñada, y dos sindicalistas de UGT y sus esposas, además de diversos militantes del PSOE.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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