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Las 6.000 entidades de cultura popular, sin subvención

Ayer terminó el plazo, de 18 días hábiles, para solicitar ayudas las federaciones

José Ángel Montañés

Cataluña es una fiesta. En el mes de agosto la mayoría de pueblos y ciudades catalanes celebran sus festejos mayores. En ninguno faltarán los balls de bastons, dimonis, capgrossos, gegants, esbarts y algún grupo relacionado con actividades de cultura popular y tradicional. Son unas actividades que en Cataluña movilizan a alrededor de 250.000 personas, organizadas en 6.000 entidades y 28 federaciones.

Sobre ellas ha caído como un jarro de agua fría la decisión de la Generalitat de suprimir las subvenciones a las entidades. Este hecho se suma al recorte que han sufrido desde las administraciones locales, debido a la reducción generalizada en los presupuestos municipales. El Departamento de Cultura ha creado una línea de ayudas específica para federaciones (920.000 euros), pero solo el 50% de las entidades están federadas y estas ayudas no siempre acaban en las asociaciones.La actuación del Gabinete de Artur Mas, la ausencia por vacaciones de Mena y Cleries y la actitud de Colet le han valido al Ejecutivo una reprimenda unánime de la oposición y de las entidades sociales. A los reproches se sumó ayer el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha abierto una investigación de oficio para evaluar la actuación del Ejecutivo. El síndic habló por teléfono con Cleries y con Colet tras recibir numerosas quejas de los usuarios. Ribó por ahora exige tres medidas urgentes: volver al sistema antiguo de pago por transferencia (la Generalitat ya ha dicho que lo hará, aunque no descarta volver a cambiarlo por sorpresa), ampliar la atención en el teléfono de quejas y pagar "lo antes posible" a los receptores que todavía no han recibido su cheque. Ribó acumulará más información para hacer un informe completo sobre la actuación del Gobierno.

"Para actuar estamos acostumbrados a pagar, pero ya no podemos más"

Fuentes del Departamento de Presidencia defendieron la actuación de Empresa y Ocupación y siguieron escudándose en el fraude para justificar el cambio en el modo de pago. Las mismas fuentes incluso valoraron los "pocos" días que la Generalitat ha tardado en pagar. Aunque todavía faltan cheques: según los últimos datos, el 29% de los receptores todavía no lo han recibido, lo que significa que 30.000 personas todavía están sin sustento. Paralelamente, la revisión de los expedientes para estudiar los casos de fraude avanza a ritmo muy lento: hay 4.000 citas concertadas cuando las previsiones eran de 10.000 en los últimos cinco días.

Con las peticiones de comparecencia, los grupos redoblaron sus críticas: "El Gobierno ha mostrado falta de previsión y una nefasta gestión en los cambios en el pago de la RMI", denunció el presidente del grupo parlamentario socialista, Joaquim Nadal, que pidió "que no paguen justos por pecadores" en la revisión de los expedientes.

En las filas de Esquerra, el diputado Pere Bosch pidió explicaciones sobre el "humillante trato de la Generalitat a los perceptores". Laia Ortiz agregó a la denuncia el "clasismo y menosprecio" de los consejeros hacia a los perceptores. El líder ecosocialista, Joan Herrera, fue más allá, y tildó de "miserable" la actitud del Ejecutivo. "No es el Gobierno de los mejores, sino el Gobierno para los mejores situados económicamente", denunció en su blog. El presupuesto que se destina a pagar los expedientes de RMI es de 130 millones de euros, 20 millones menos de lo que deja de ingresar este año el Gobierno con la supresión del impuesto de sucesiones. El PP se sumó a la petición de comparecencia de los consejeros: "El Gobierno ha actuado con falta de previsión y una nefasta gestión", acusó el portavoz Enric Millo. Solidaritat y Ciutadans completaron la unanimidad parlamentaria y también reclamaron explicaciones.

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Las protestas por el recorte de la RMI también se verán en la calle: la Asamblea de Trabajadores en Paro ha convocado para el día 18 una protesta para exigir que se pague ya la ayuda.El Diari Oficial de la Generalitat del día 19 de julio publicó la nueva línea de ayudas a las que pueden concurrir las federaciones en las que está organizado el mundo de la cultura popular catalán. En contra de lo que puede parecer, estas nuevas subvenciones no tienen por qué repercutir en las miles de actividades que realizan las entidades, ya que las federaciones las utilizan para servicios comunes como pagar los seguros que obliga la ley de espectáculos, ofrecer ayudas jurídicas y para formación, como ha ocurrido con los 1.900 demonis y diables que se han tenido que acreditar para poder manipular material pirotécnico, tal como les obliga la nueva normativa europea sobre el uso de fuego.

La colla de Diables de la Riera de Gaià (Tarragonès) ha pagado 4.000 de los 6.000 euros que les ha costado el dragón con el que participaron a finales de julio en las fiestas celebradas en honor de Santa Margarida. El Departamento de Cultura les negó la posibilidad de acceder a la ayuda del fondo de la obra social de las cajas de ahorros. Ahora tampoco podrán pedir la subvención tal como habían previsto. Para colmo, el Ayuntamiento les ha reducido el 70% su aportación anual, pasando de 4.000 a 900 euros. Pese a eso, la colla ha participado en los siete actos previstos y no ha dejado de animar el correfoc, el seguici, la revetlla y el entremés en honor de la patrona. Para sufragar el gasto del nuevo dragón montaron una barra de bar durante las fiestas.

"Lo de la barra de bar es una práctica muy común", asegura Pep-Enric Martí, presidente de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, que aglutina a 250 entidades. "El problema es que choca con el sentido de nuestras entidades y tenemos que declarar esta actividad para no incurrir en delito fiscal, al ser entidades sin ánimo de lucro", explica. "Las ayudas a las federaciones son para servicios comunes, pero no tienen nada que ver con el día a día de las entidades, por lo que, sin duda, esta medida acabará perjudicando, sobre todo a las que tienen un gasto considerable de material", asegura en relación con la pirotecnia que consumen en cada uno de los actos los grupos de diables y correfocs. "La crisis ha hecho que se programen menos espectáculos, que duren menos y que participen menos grupos. Si la cultura popular siempre ha sido la menos dotada económicamente, imagina ahora", se queja este diable que preside la colla de la Alforja, una localidad del Baix Camp de 1.814 habitantes. "En nuestro caso hemos corrido con el 70% del gasto de nuestra actuación. Para actuar estamos acostumbrados a pagar, pero ya no podemos más". Martí no disimula su decepción: "Es muy triste ya que somos grupos de mucha tradición, muy populares y participativos. La prueba es que cada año se celebran unos 2.500 actos de diables en los 900 pueblos catalanes", explica.

Más crudo lo tienen las entidades de Malgrat de Mar (Maresme). En vísperas de las fiestas que se celebran durante este fin de semana la alcaldesa anunció que con vistas a 2012 las entidades podrían ver cómo se reduce todavía más, o incluso desaparecen, las subvenciones que se les otorgan desde el Ayuntamiento, ya que "se han de priorizar las políticas en materia social".

También ha sorprendido el breve plazo para presentar la documentación para conseguir las subvenciones: 18 días laborables en pleno mes de agosto, ya que el plazo terminó ayer viernes. "Se ha hecho de forma precipitada. Además, convocarlas tan tarde nos hace correr riesgos porque puedes hacer actividades pensando que vas a tener subvención y luego no tenerla", explica Martí.

Lluís Puig, director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC), minimiza el cambio en las ayudas y asegura que no se aparta a nadie. "No hay duda de que los recursos han disminuido. Las federaciones son las interlocutoras con el departamento y las entidades pueden seguir optando a las ayudas del fondo de las cajas de ahorro", aunque reconoce que siempre son más las peticiones que las concesiones y que los 2,8 millones del fondo se quedan cortos. Puig, nombrado en enero de este año, es consciente de que el sector de la cultura popular siempre se ha caracterizado por sacar una gran rentabilidad a los recursos. "De un euro se han sacado 10, a base de mucho trabajo y esfuerzo". La clave para superar esta situación es, explica, "rentabilizar el trabajo, trabajar en red y unir esfuerzos".

Para Ramon Fontdevila, director del CPCPTC durante el tripartito, "es un error prescindir de estas ayudas, ya que devaluará actividades con un elevado valor de participación y cohesión social". Según mantiene, "la cultura popular es la pariente pobre", pero asegura que si bien en los años 2009 y 2010 hubo también presupuestos restrictivos en Cultura, "no lo fueron para la cultura popular, ya que incluso nos hicimos cargo, recortando de otros lados, de la reducción que las obras sociales que las cajas venían llevando a cabo".

Si este verano está siendo caliente, el otoño no lo será menos. La ley ómnibus que empezará a debatirse en septiembre tiene prevista la desaparición del CPCPTC y del Consejo de Cultura Popular y Tradicional que, precisamente, nombró a sus miembros el pasado 12 de julio. En el redactado que tienen sobre la mesa los diputados, el CPCPTC y el consejo desaparecen. La ley prevé crear una nueva dirección general. "No sabemos nada de lo que va a quedar y esto nos preocupa. Deberían informarnos", se queja Martí.

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Sobre la firma

José Ángel Montañés
Redactor de Cultura de EL PAÍS en Cataluña, donde hace el seguimiento de los temas de Arte y Patrimonio. Es licenciado en Prehistoria e Historia Antigua y diplomado en Restauración de Bienes Culturales y autor de libros como 'El niño secreto de los Dalí', publicado en 2020.

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