Abogados de los indignados acusan a los Mossos de violar derechos constitucionales

Felip Puig puede poner fin hoy a su primera prueba de fuego desde que tomó el mando de los Mossos d'Esquadra. El consejero de Interior dará explicaciones en el Parlament sobre la carga del pasado 27 de mayo contra los acampados en la plaza de Catalunya. Previsiblemente, usará aquellas imágenes que validan su argumento de que los Mossos no dieron "el primer paso" en la confrontación. La polémica actuación policial ha supuesto a Puig una cascada de críticas, denuncias y peticiones de dimisión. La última -o mejor, la penúltima: la oposición tratará de incrementar su desgaste en el debate parlamentario- llegó ayer, con un informe de un grupo de abogados que denunciaron la vulneración de "derechos fundamentales" en la carga.

La acampada aplaza decidir cuándo dejar de dormir en la plaza de Catalunya

Los abogados de Legal Team -integrado por letrados europeos comprometidos con las libertades ciudadanas- aseguraron ayer que la policía autonómica vulneró "gravemente" cinco derechos fundamentales recogidos en la Constitución: a la integridad física y moral, a la tutela judicial efectiva, a recibir información veraz, a la propiedad y la intimidad personal y a la reunión y la libre circulación. Hasta 15 de esos letrados estuvieron presentes en el intento de desalojo de la plaza de Catalunya.

"La mayor parte de las agresiones fueron contra personas que estaban cuestionando verbalmente la actuación de los agentes u ofrecían resistencia pasiva sentados en el suelo con las manos alzadas, o de pie y estáticos", señala el informe. El abogado Àlex Solà, que presentó ayer el documento, aseguró que "la resistencia pasiva no justifica el uso de la violencia". Un policía, argumentó, puede denunciar a quien desobedezca a la autoridad, pero no "dar garrotazos". Fuentes de Interior, en cambio, aseguran que el hecho de que se opusieron a levantarse del suelo cuando los agentes se lo ordenaron para permitir que saliesen los camiones de la limpieza legitima el uso de la fuerza.

Solà atacó también a Puig, que acumula siete denuncias y una querella en los tribunales por la carga policial. A juicio del letrado, su defensa de la actuación policial es "muy peligrosa". Los abogados presentarán el informe ante diversos organismos de defensa de los derechos humanos europeos. Y lamentaron que los agentes de la Brigada Móvil (antidisturbios) no lucieran el número de identificación que están obligados a llevar siempre en un lugar visible.

El Colegio de Periodistas se sumó también ayer a las críticas a Puig. Tachó de "injustas y desproporcionadas" las acusaciones del consejero a los medios, de los que dijo que no habían encontrado el "punto de equilibrio" al informar de la carga. "Es ofensivo y mina la confianza de la ciudadanía en los medios", añadió el colegio.

Mientras, los acampados en la plaza de Catalunya seguían sin ponerse de acuerdo en cuándo dejan el campamento. Ayer la lluvia obligó a suspender la asamblea, en la que estaba previsto que se debatiese la continuidad. El domingo, se decidió por mayoría dejar de dormir esta semana en la plaza, que se mantendría como un punto de información durante el día.

Pero no todo el mundo acata la decisión. Ayer las comisiones trabajaban para convencer a las personas más reticentes. "Es necesario que respeten lo que diga la mayoría. Si se quedan, será a título individual", contó un miembro de la comisión de comunicación. Las discrepancias han dividido al movimiento, que pierde fuerza día a día. Previsiblemente, mañana se votará qué día dejan de dormir en la plaza.