Batalla en el Parlament

La primera ley educativa de Cataluña ha llegado al trámite parlamentario envuelta en la polémica. Algunos sindicatos del sector piden su retirada; otros, reformas que la hagan acorde con lo firmado en el Pacto Nacional por la Educación, que consiguió el aval de la comunidad educativa y de los partidos políticos hace dos años. El consejero de Educación, Ernest Maragall, se ha mostrado dispuesto a "estudiar" algunas de las enmiendas.

El proyecto de ley regula la educación desde la guardería hasta el bachillerato. Afecta a más de 90.000 maestros y profesores de centros públicos y concertados, y a un millón de alumnos. El Gobierno prevé que esté aprobada la próxima primavera y aplicarla gradualmente en los próximos ocho años. Entre otras cosas, da más autonomía a los centros, y dentro de ellos, más poder a los directores.

Los sindicatos que piden la retirada del proyecto -USTEC, mayoritario en la escuela pública, ASPEC y la minoritaria CGT- opinan que la ley destinará más dinero público a los centros concertados, que propone una gestión empresarial para los centros públicos y que, en general, abre vías de gestión privada y sitúa la educación dentro de la lógica del mercado.

CC OO y UGT reclaman que se evite la separación de alumnos por sexos. El proyecto actual no prevé la segregación, pero hay polémica sobre si los 16 centros concertados que ahora los separan podrán seguir haciéndolo y cobrar del concierto que les dio CiU. También piden más equidad en el reparto de inmigrantes. La ley dice que si un centro tiene muchos inmigrantes podrá trasladarlos a otro, público o concertado.