Catalanadas
Quiere la costumbre que estas sean fechas propicias para establecer balances, para tomar el pulso a litigios o procesos de largo recorrido y evaluar su trayectoria durante los últimos 12 meses. Además, ha pasado prácticamente un año -se cumplirá el próximo 14 de enero- desde la celebración en Barcelona, auspiciado por la Universidad Pompeu Fabra y la Fundació Carles Pi i Sunyer, de aquel Encuentro Cataluña-España de académicos e intelectuales que, en plena batalla parlamentaria del nuevo Estatuto, procuró sin mucho éxito potenciar el intercambio de razones y el acercamiento de puntos de vista entre centrípetos y periféricos. Y bien, ¿cómo ha evolucionado en 2006 ese cruce de ideas? ¿Qué aspecto presenta hoy, a las puertas de 2007, el siempre invocado diálogo Madrid-Barcelona entre universitarios, creadores de opinión, gentes de pensamiento en general?
Una vez en vigor el Estatuto catalán, el epicentro de la tensión ideológica, político-territorial e identitaria en España se ha desplazado hacia el País Vasco y su balbuciente proceso para el fin negociado de la violencia terrorista
Desgraciadamente, mi respuesta a estas preguntas no puede fundamentarse en datos sistemáticos ni en los resultados de ningún simposio formal como el de enero pasado, sino sólo en ciertos indicios fragmentarios, pero creo que significativos. Por otra parte, y una vez en vigor -aunque recurrido- el Estatuto catalán, resulta obvio que el epicentro de la tensión ideológica, político-territorial e identitaria en España se ha desplazado hacia el País Vasco y su balbuciente proceso para el fin negociado de la violencia terrorista.
A este propósito, el pasado día 18 se presentó en Barcelona un manifiesto a través del cual 150 juristas (magistrados, catedráticos, fiscales y abogados) apoyaban el proceso de paz esbozado en Euskadi y reclamaban, para fortalecerlo, medidas como el acercamiento de presos o la derogación de la Ley de Partidos Políticos de 2002. Pues bien, a fecha de hoy la única réplica pública a esta petición -discutible, claro está, pero argumentada, respetuosa y representativa- han sido unas declaraciones de Fernando Savater a la agencia Servimedia. En ellas, el conspicuo filósofo tildó de "catalanada" (sic) el documento de los 150 firmantes: una iniciativa de ésas que surgen "al calor de los nacionalismos", porque ya se sabe que "los nacionalistas de un sitio y los de otro se echan una mano con pretextos legales o culturales"; para concluir, el vocero de Basta Ya se mostró convencido de que "los ciudadanos vamos a hacer muy poco caso a todos esos juristas catalanes". ¡Razonamiento impecable! El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, la profesora de Derecho Penal Merche García Aran o el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Gerard Thomas son, según eso, nacionalistas rabiosos conchabados con Batasuna cuyo criterio profesional y político carece, por ende, de valor alguno. En cuanto a Savater, nadie como un catedrático de Ética -progre, por más señas- para proferir descalificaciones etnicistas con total impunidad. ¿Se atreverá en fechas próximas a hablar de judiadas o de gitanerías?
Pero prosigamos. Apenas una semana antes de la edificante respuesta del filósofo donostiarra a los juristas barceloneses, se había dado cita en Madrid, nada menos que en la Fundación José Ortega y Gasset, un selecto ramillete de catedráticos de la Universidad Complutense. El pretexto era la presentación del libro de un colega, aunque el acto se transformó rápidamente en una especie de mitin académico contra el "enloquecido" (sic) proceso de reformas estatutarias en curso.
Juzguen ustedes mismos: el administrativista Tomás-Ramón Fernández denunció la "ligereza" en las reformas emprendidas, "los tirones" que, a su juicio, "hace 20 años que los políticos periféricos llevan dando al Estado", "la permanente búsqueda exagerada de las diferencias", y abogó por "reinventar el Estado-Nación". Por su parte, Eduardo García de Enterría -padre intelectual de la LOAPA- propugnó "el retorno necesario al principio nacional español", confesó "no entender bien qué quiere decir el concepto de nación de naciones" e hizo una dramática apelación al Tribunal Constitucional, "que tiene en sus manos el futuro de España". Ex ministro de Universidades con Unión de Centro Democrático (UCD), el sociólogo Luis González Seara cargó contra "el guirigay estatutario que preside la vida española, sin orden ni concierto". En fin, el historiador José Varela Ortega focalizó su atención sobre el Estatuto catalán, considerándolo "un instrumento de disenso" y advirtiendo de que su elaboración ha constituido "un proceso disgregador"; según el nieto de Ortega y Gasset, el Estatuto de Cataluña ha sido "la ganzúa para excluir a uno de los dos grandes partidos", puesto que el Partido Popular no podía aceptarlo.
¿De veras no podía? ¿Cómo se explica entonces que -según un reciente informe de la Universitat Pompeu Fabra- decenas de artículos del Estatuto catalán que han sido impugnados por el PP ante el Constitucional figuren literalmente en el nuevo Estatuto de Andalucía votado por el mismo PP? ¿Qué es lo que amenaza y disgrega la unidad de España, las competencias que la ley reconoce a una comunidad autónoma o las presuntas inclinaciones ideológicas de sus ciudadanos y sus gobernantes? ¿Cuál es el verdadero problema, el Estatuto o -por decirlo en términos savaterianos- las catalanadas?
Lamento cerrar el año con una nota de pesimismo, pero creo que los ambientes universitarios españoles, sus think tanks y sus intelectuales orgánicos vuelven a destilar con intensidad y desenvoltura crecientes un discurso neounitario, reductor de las autonomías y potenciador de los atributos del Estado. Más pronto que tarde, este discurso impregnará la política institucional y la legislación: seguramente, tras las próximas elecciones generales, tanto si las gana el PP como si gobierna un PSOE liberado de sus actuales servidumbres parlamentarias.
Joan B. Culla i Clarà es historiador.
