Cataluña incorpora el aranés como su tercera lengua oficial
El aranés se convirtió ayer en la tercera lengua oficial de Cataluña, junto al catalán y el castellano, lo que significa que la Generalitat asume la tarea de velar por la difusión y la protección de una lengua que hoy hablan menos de 5.000 personas (ni la mitad de los cerca de 11.000 habitantes de la Val d'Aran) y que se halla "en la unidad de vigilancia intensiva", según el diagnóstico del síndico de Aran y diputado por el PSC en el Parlament, Francesc Boya.
Con los únicos votos en contra del PP y de Ciutadans, la Cámara catalana aprobó ayer la ley que establece que el aranés debe ser de uso preferente en las administraciones públicas de esta zona pirenaica, de manera que cualquier ciudadano tiene derecho a ser atendido en aranés, oralmente o por escrito, sin que se le exija traducción alguna. Pero la ley también impone obligaciones a los organismos y empresas que dependen de la Generalitat, que deberán poder responder a cualquier petición que reciban formulada por escrito en aranés. En el caso del servicio de información 112, la respuesta a un ciudadano que use el aranés debe poder darse no solo escrita, sino también oralmente.
Para poder asumir las obligaciones que la nueva ley impone a la Generalitat, se establece que la Administración catalana fomentará el aprendizaje del aranés entre el funcionariado público, especialmente entre el que ocupe puestos de atención al ciudadano.
Ámbito educativo
La nueva ley regula también el uso del aranés en el ámbito educativo y otorga a esta lengua la función de "vehículo de expresión normal" para la actividad docente y administrativa de las escuelas de la Val d'Aran. Según Jordi Suïls, profesor de sociolingüística occitana de la Universidad de Lleida, la ley será de fácil cumplimiento en la educación infantil y primaria, "donde de hecho ya se utiliza habitualmente el aranés gracias en gran medida a la motivación de un profesorado concienciado en la necesidad de preservar la lengua". Pero en secundaria y ESO la aplicación de la ley se prevé más ardua, ya que la lengua que predomina en las aulas es el castellano, seguido de catalán.
Suïls cree que también será difícil lograr la plena validez del uso del esta lengua, sin necesidad de traducción, en las actuaciones judiciales orales tal como señala la ley. También el síndico de Aran muestra sus dudas sobre la implantación del aranés en la justicia, pero no en el terreno de los medios de comunicación, en el que la normativa busca impulsar esta lengua obligando a los medios radiofónicos y televisivos de la Generalitat, y a los operadores con licencia para emitir en la zona, a programar espacios en aranés.
