CiU, PSC y ERC compiten en dureza sobre la inmigración

Desde las últimas elecciones autonómicas de 2003, casi 400.000 personas han llegado a Cataluña para establecerse y trabajar. Con ellos, la cifra de inmigrantes casi se ha duplicado y alcanza ya las 940.000 personas según el padrón municipal. Hoy, el 12% de los catalanes son de origen inmigrante. Pero hay algo que se ha incrementado más que la inmigración o la preocupación que los ciudadanos dicen tener por este fenómeno: el discurso de desconfianza hacia los nuevos llegados que emana de casi todos los partidos políticos.

Desde el PSC hasta Convergència i Unió, pasando por Esquerra Republicana y el Partido Popular, todos han rivalizado en los últimos meses para atraerse a los votantes que, por un motivo u otro, desconfían de la inmigración. Y la campaña electoral será el escenario de una especie de batalla final de la que los expertos en inmigración esperan lo peor. Los discursos políticamente correctos han tocado a su fin.

Fue el candidato socialista, José Montilla, quien hace escasas tres semanas ponía la guindilla al cambio de discurso de los partidos, también los de izquierda, sobre la inmigración. Alineándose con los nuevos vientos que soplan en La Moncloa desde el comienzo de la crisis de los cayucos, Montilla alertaba de la posible saturación de los servicios sociales si continuaban llegando inmigrantes y aseguraba que la capacidad de acogida de Cataluña está "prácticamente al límite". El líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod, se sumaba a un discurso poco habitual en él para decir que "Cataluña no puede pagar la Seguridad Social de África". Estos discursos, otrora más habituales en políticos como Jordi Pujol, han pasado a formar parte del paisaje político del día a día disipando, también en este tema, la línea imaginaria entre la izquierda y la derecha.

Efectivamente, la inmigración preocupa a los catalanes, pero con los datos de los Barómetros de la Generalitat en la mano, el fenómeno, hoy, no les quita más el sueño que pudiera hacerlo en 2003. Junto con el paro y la inseguridad, la inmigración se mantiene en los primeros tres puestos de preocupaciones. Siempre en lo alto de la lista (es la gran preocupación del 16% de los catalanes), pero en una situación estable.

¿Qué explica pues el endurecimiento del discurso de los políticos? Mònica Nadal, socióloga y autora del Anuario de la Inmigración de la Fundación Jaume Bofill, cree que "la izquierda está atrapada entre sus propias contradicciones internas y una derecha que no tiene reparos en recurrir a la demagogia como arma". Según Nadal, la derecha es la que ha logrado imponer su discurso en un fenómeno al que ya se le ha puesto nombre en Francia: la lepenización de los espíritus.

Pero en opinión de esta socióloga, los partidos que han decidido endurecer su discurso pueden incurrir en un grave error. "Decir que se acabará con la inmigración irregular, que se frenará algo que no tiene freno, acabará por frustrar a los ciudadanos, quienes verán cómo, una vez más, una promesa política se ve incumplida".

Pero en su disputa electoral, los partidos no ahorrarán en promesas y en guiños hacia el electorado que teme que la inmigración acabe por desnaturalizar -un verbo que entusiasma a los convergentes- su entorno más inmediato. El PSC se volcará en defender las bondades de la contratación en origen, un mecanismo que sólo favorece la llegada de aquellos inmigrantes dispuestos a hacer los trabajos que nadie quiere en Cataluña. Convergència i Unió, además de pedir la contratación en origen, venderá al electorado lo que Artur Mas denomina contrato de ciudadanía, una carta por la que los inmigrantes contratados en origen se comprometan a hacer un curso de 30 horas sobre lengua y cultura catalanas en su país antes de llegar a Cataluña. Esquerra, por su parte, convertirá en eje de su campaña el hecho de que los otros partidos catalanistas apoyaran una reforma del Estatuto que no daba a la Generalitat capacidad para cerrar las puertas a la inmigración si lo cree oportuno. A esta subasta de ofertas, por supuesto, los nuevos 940.000 catalanes de adopción, no podrán acceder por no tener derecho de voto.