Collserola tardará meses en ser parque natural

Francesc Baltasar, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, y Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, firmaron solemnemente hace un año un acuerdo que definiera los límites y consagrara Collserola como parque natural. La idea era que el Gobierno dictara a lo largo de 2008 un decreto ley para declarar el macizo parque natural pero, para desolación de grupos ecologistas, no ha sido así. El proyecto depende de que el Consell Executiu apruebe, en primer lugar, una subvención y después, de que pase a exposición pública. El Departamento de Medio Ambiente espera que el proceso acabe este año.

Collserola está gestionado por un consorcio formado por la Diputación y los municipios con un presupuesto de 6.468.000 euros. El órgano firmará ahora un convenio con la Generalitat que invertirá este año 700.000 euros; 1.435.000 en 2010, y 2.154.000 en 2011. A partir de entonces, las tres administraciones sufragarán a partes iguales el presupuesto. Fuentes próximas al consorcio aseguran que el parque natural se ha encallado por la cuestión económica. La directora general de Medio Natural, Nuria Buenaventura, reduce el problema a un trámite administrativo. "Al ser una aportación interanual, la subvención debe autorizarla el Consell Executiu y no Medio Ambiente. Es un escollo en el redactado: puede parecer absurdo pero es así. No tiene nada que ver con problemas de financiación", dice.

Medio Ambiente asegura que sólo quedan flecos para cerrar el acuerdo

"Una ley para Collserola sería ciencia-ficción", dicen en Depana

La tramitación se prevé larga. Tras zanjarse el asunto de la subvención, el parque, que tendrá 8.330 hectáreas tras ganar 805, pasará a exposición pública. El plazo para presentar alegaciones es de dos meses y el tiempo para responderlas mucho mayor. Buenaventura intuye que recibirán bastantes por la presión demográfica sobre Collserola y porque hay un antecedente reciente: el parque natural del Montgrí estuvo en exposición pública en verano y recibió 1.500 alegaciones. Medio Ambiente está acabando ahora de contestarlas.

Y todo apunta a que los ecologistas y otros municipios mirarán con lupa el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, que inventó la fórmula urbanística denominada EPRE (Espacio Periurbano de Regulación Especial) en zonas de vivienda y otras de transición donde se permitirán equipamientos. La medida hizo que Medio Ambiente tuviera que dar una doble y triple vuelta con el resto de municipios, deseosos algunos de recibir el mismo trato. Ricard Fayos, director técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, alega que las EPRE afectan a zonas declaradas forestales pero donde ya se había construido. "En todas hay barrios o edificaciones y hay que poner orden. La excepción es Can Masdeu, que figura como equipamiento". Barcelona prevé demoler casas ilegales afectadas en la Font del Gos, del distrito de Horta.

Las EPRE han suscitado el rechazo de ecologistas como el colectivo Agudells. Juli Fontoba, miembro del grupo y vicepresidente de SOS Tibidabo, afirma: "No queremos las EPRE porque el Ayuntamiento podrá construir pisos sociales en ellas. La tala de encinas para construir la montaña rusa es un símbolo de la agresión que viene". Ricard Gomà, portavoz de Iniciativa en el Consistorio, contemporiza la singularidad de Barcelona: "Es el único con EPRE y el único que ha cedido 51 hectáreas".

Tras promover en 2005 un manifiesto en defensa del macizo, la Plataforma Cívica por la Defensa de Collserola continúa con su campaña para desclasificar como urbanizables zonas previstas en el Plan General Metropolitano de 1976. Declarar un parque natural implica filtrar las actuaciones para sopesar el impacto ambiental y más inversiones de la Administración. Pero no es un blindaje completo. Nada le impediría ser escenario de grandes infraestructuras como el Túnel de Horta.

"Un parque natural no da ni te quita derechos urbanísticos, pero le da más valor a un espacio y se supone que será más difícil edificar. Pedirle a este país una ley específica para Collserola es ciencia-ficción", dice Manel Cunill, director de Depana (ONG a favor del patrimonio natural), que pide aumentar en 1.270 el número de hectáreas protegidas. El grupo ecologista ha hecho un llamamiento al sentido común porque ahora conviven en Collserola tres figuras de protección con sus límites respectivos. En 1987, se aprobó el Plan Especial de Ordenación y Protección de Medio Natural que abarca 8.456 hectáreas; en 1992, el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), con 7.556 y en 2006 la Xarxa Natura con 7.515. Depana propone ganar 202 hectáreas con la equiparación de límites; otras 68 de dentro del parque que actualmente son urbanizables y que pasarían a ser zona forestal. Y cerca de un millar por su alto valor ecológico y biodiversidad. Son zonas de matorrales, cultivos y arbustos donde, por ejemplo, se constata la mayor presencia de pájaros y otras especies.