Condenado por prevaricación un magistrado de la Audiencia
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a 15 años de inhabilitación y al pago de una multa de 30.000 euros al magistrado de la Audiencia de Barcelona Juan Poch por un delito de prevaricación al beneficiar con su actuación como juez a un amigo en crisis económica.
Sin embargo, el TSJC ha absuelto a Poch de un delito de tráfico de influencias que, por primera vez en España, le imputó el ministerio fiscal, que pidió por esta conducta 7 meses de prisión y una multa de 65 millones de pesetas.
El TSJC considera en su sentencia que el magistrado, ahora ya jubilado y que en su día presidió la Sección 14 de la Audiencia, hizo todo lo que estuvo a su alcance, dictando resoluciones y visitando a otros jueces, para que su amigo José Antonio Soler Ribalta saliese beneficiado en un proceso en el que había en juego cerca de 100 millones de pesetas.
La sentencia indica que Soler Ribalta, que era amigo del juez desde hacía años al coincidir en el mismo lugar de veraneo, atravesó en 1993 por dificultades económicas, por lo que se vio obligado a constituir una hipoteca en garantía de emisión de títulos al portador sobre una finca de su propiedad, en Esplugues de Llobregat.
Esa operación derivó en un enfrentamiento entre Soler Ribalta y un grupo de personas que participaron en el negocio, que acabaron denunciándose entre sí.
La sentencia explica que un juez de Barcelona, que citó a declarar a Soler Ribalta como imputado, recibió en aquellas fechas la visita de Juan Poch, quien le explicó que conocía a Soler y le contó sus dificultades económicas.
Juez presionada
Paralelamente, un juzgado de Esplugues abrió un procedimiento por la Ley Hipotecaria instado por un grupo de personas propietarias de títulos sobre la finca de Soler Ribalta.
En septiembre de 1996, una juez sustituta de Esplugues dictó una resolución contraria a los intereses de Soler Ribalta, que le impedía recurrir ante la Audiencia de Barcelona.
El TSJC declara probado que, dos o tres días después de dictarse esa resolución, Juan Poch se presentó en el despacho profesional de la juez sustituta como presidente de Sección de la Audiencia de Barcelona y amigo personal de Soler Ribalta y le dijo que la resolución que acababa de dictar "era grave y errónea, que estaba llevando a la ruina a una familia y que Soler padecía del corazón y se encontraba en grave crisis económica".
En ese encuentro, el condenado también hizo unos comentarios a la juez "sobre la precariedad e inestabilidad en el empleo de los jueces sustitutos". La citada juez sustituta "se sintió presionada" y permitió que el caso llegara a la sección de la Audiencia presidida por Poch, que dictó resoluciones para que su amigo ganase el procedimiento.
