Costas notifica que parte de los canales de Roses son dominio público

Los vecinos de la urbanización de Santa Margarida de Roses (Alt Empordà) están en pie de guerra. La dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado un proceso para delimitar una parte de los canales sobre los que está construida la marina residencial y que pasarán a ser de dominio público. Los propietarios y residentes de la urbanización están "indignados" por lo que consideran un "expolio" de su propiedad, construida en la década de 1970 a imagen y semejanza de la vecina Empuriabrava, sobre una zona de humedales.

Varios centenares de vecinos de Santa Margarida increparon ayer a los funcionarios del Estado que les habían citado para explicarles en qué consiste la delimitación. Actualmente hay unos 400 propietarios censados en el municipio, aunque se calcula que los afectados podrían ser unos 3.000, ya que la mayoría son ciudadanos franceses o alemanes que sólo acuden a Roses para pasar el verano.

Entre gritos y abucheos a los representantes de Costas, los residentes firmaron su disconformidad con las actas de delimitación pública y a partir de ahora se preparan para presentar alegaciones contra el proyecto.

El proceso que inicia ahora el Estado se ampara en la Ley de Costas de 1988 y no implica la expropiación ni el derribo de ninguna edificación, pero convierte en dominio público la zona inundada de las parcelas y los amarres, y establece una franja de servidumbre de seis metros en los canales pequeños, y de 20 metros en el canal principal. Los vecinos aseguran que sus casas perderán valor y que tendrán muchas "complicaciones" para realizar reformas.

Muchos han comenzado a colgar carteles de "casa en venta". Hay casos de propietarios que inundaron parte de su finca para tener un amarre propio que ahora pasará a ser de dominio público. El abogado que representa a los vecinos, Bech de Careda, ya ha anunciado que impugnará el proceso al considerar que el Estado no tiene competencias y que la gestión de los canales depende de la Generalitat. El ayuntamiento tampoco está de acuerdo y reclama el traspaso de competencias de los canales a la Generalitat.