Después del encierro y de ciertas palabras

Por fin los inmigrantes que se encerraron en diversas iglesias de Barcelona hace siete semanas, cuando entró en vigor la nueva Ley de Extranjería, han finalizado la protesta al haberse llegado a un acuerdo con la Delegación del Gobierno sobre la aplicación del pacto suscrito el pasado 3 de febrero gracias a la mediación del Síndic de Greuges. Un pacto que peligró durante cuatro largas semanas, no sólo por las dudas sobre si el Gobierno, una vez abandonada la presión, tendría la voluntad de cumplirlo, sino también por el temor a que una parte importante del colectivo paquistaní quedara fuera de la regularización por tener algunos de sus miembros causas pendientes en diversos juzgados al haber falsificado los documentos que presentaron durante el proceso de regularización. Las dos vías prometidas para conceder los papeles son la revisión con criterios flexibles de las solicitudes de regularización denegadas -aquí pueden tener dificultades quienes hayan falsificado papeles- y, para aquellos que no presentaron solicitud, acogerse a la posibilidad de obtener papeles en base a los motivos humanitarios o de arraigo que establece la ley.

'Lo que deben hacer Ferrusola o Barrera es apoyar que las administraciones faciliten la adaptación de los nuevos catalanes'

El encierro evidenció cómo colectivos okupas o el sindicato CGT, que daban apoyo a la plataforma Papeles para todos, tomaban la iniciativa sobre grupos como SOS Racismo, CITE-CC OO, UGT, Cáritas o las agrupaciones de inmigrantes magrebíes, que históricamente eran los abanderados en la lucha por la mejora de la Ley de Extranjería. Pero aunque gracias a estas acciones se ha conseguido abrir, de hecho, un nuevo proceso de regularización extraordinario, los problemas planteados por la ley siguen vigentes. La ley es mala, sencillamente porque no fija mecanismos reales de regulación de flujos; da ciertos derechos a los que tienen papeles, mientras condena a la marginación y explotación a los irregulares que, al igual que los que lleguen mañana, no tendrán otra opción que aguantar y padecer sin papeles hasta que el Gobierno decrete un nuevo proceso de regularización extraordinaria. Por ello, siendo lamentablemente irreal la propuesta de papeles para todos, es necesario conseguir un cambio legal que evite que la única manera de obtener la regularización sea la penitencia de estar unos años en situación de indefensión.

Estos encierros han coincidido con las polémicas declaraciones de Marta Ferrusola y Heribert Barrera sobre las implicaciones negativas desde el punto de vista social, nacional y cultural de la inmigración. Palabras que posiblemente asumen muchos ciudadanos pero que son dos cargas de profundidad contra la política de integración y la pedagogía social que en esta temática habían realizado estas formaciones políticas. Si los inmigrantes llegan aquí es por los mismos motivos políticos o económicos por los que muchos contemporáneos del señor Barrera emigraron o se exiliaron. Y si tras llegar aquí se quedan, es porque hay trabajo para ellos. Que mire si no la señora Ferrusola quién recoge las flores que ella ha vendido tantos años, quién sube el butano, quién está en los encofrados restaurando las fachadas, quiénes cavan las zanjas de la fibra óptica o quiénes cuidan a ancianos y enfermos. Los índices actuales de inmigración -de un 2% o 3%- son todavía muy bajos comparados con los que tienen nuestros vecinos de Francia o la admirada y odiada sociedad de Estados Unidos. Y lo que deben hacer personas como Marta Ferrusola o Heribert Barrera es apoyar que las administraciones se esfuercen en facilitar la adaptación e integración de estos nuevos catalanes y europeos de piel algo más oscura. No tener miedo a su llegada, aunque sólo sea porque nosotros somos los principales beneficiarios del bienestar que generan, y abstenerse de hacer declaraciones incendiarias que fomentan fantasmas identitarios y provocan confrontación social.

Xavier Rius-Sant es periodista.