La Diputación de Barcelona lidera la revuelta del PSC contra las veguerías

La creación de las futuras veguerías supondrá un incremento del gasto público que, con la que está cayendo, resulta difícil de justificar. El anteproyecto de ley que ha preparado el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs (ERC), es, además, inconstitucional. Ésas son las conclusiones de un informe demoledor elaborado por la Diputación de Barcelona (en manos del PSC) sobre la nueva ordenación territorial que prevé dividir Cataluña en siete veguerías.

Las críticas al borrador de Ausàs son tantas y de tal calado que la Diputación viene a concluir que no se aguanta por ningún sitio. Y sostiene que su tramitación debe replantearse. Para empezar, es "inoportuno". No sólo porque puede "consolidar una tendencia al incrementalismo (sic) y al aumento del gasto público" en medio de una intensa crisis económica. También, porque antes debería aprobarse una ley de gobiernos locales y definirse su sistema de financiación. Sólo entonces podrá empezarse a hablar de las veguerías.

El informe señala que el proyecto es "inoportuno" en un contexto de crisis

La institución que preside Antoni Fogué no rechaza el sistema de veguerías. Al contrario. Sostiene que el anteproyecto de Ausàs no les otorga las competencias que sí les reconoce el Estatuto y que las reduce a funciones de "asistencia y cooperación" con los ayuntamientos. Pero si ahí queda corto, se pasa de la raya en otros aspectos. Hasta el punto de que, según el informe, podría vulnerar la Constitución.

Con el actual anteproyecto, sería "más difícil rendir cuentas" ante la ciudadanía. La Diputación, cuyo presupuesto para 2010 es de 707 millones, recomienda que se evite un marco institucional "excesivamente denso y complejo, de difícil dirección política y gestión pública". Preocupada también por su huerto, juzga que el anteproyecto "rompería" la función de solidaridad entre territorios que ejerce la Diputación, por ejemplo, en la Cataluña central.

El informe, de 46 páginas, también carga contra la "debilidad jurídica" del proyecto. "La relación entre la provincia constitucional y la veguería estatutaria es problemática", ya que "parece defender que la veguería sustituye a la provincia". La Diputación insiste: si se pretenden modificar los límites de las provincias, es necesario aprobar una ley orgánica. Y para eso hay que alcanzar el consenso entre los partidos catalanes y sellar un pacto Estado-Generalitat.

Idéntica crítica suscribió ayer el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura (ICV): haya o no haya ley, dijo, será inútil si no la acompaña una ley orgánica. "Cataluña sola no puede hacer veguerías", dijo a Europa Press.

El borrador es incluso contradictorio en este punto, ya que admite que, hasta que no se alteren los límites provinciales, sólo se podrán constituir los consejos de veguería de Barcelona, Lleida, Girona y Barcelona. En cualquier caso, su contenido es "cuestionable" porque "impide resolver el debate territorial" en Cataluña, "agravando los conflictos políticos y territoriales sobre esta cuestión". Las consecuencias para la estabilidad institucional "sólo pueden ser negativas".

El informe de la Diputación pone de relieve la distancia existente entre un sector del PSC, representado por sus alcaldes, y el Departamento de Gobernación. Las tensiones en el tripartito ya han obligado a Ausàs a demorar su aprobación después de que el PSC pidiera más tiempo para buscar soluciones para sus alcaldes. Entre los que se han rebelado están los poderosos ediles de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; de Lleida, Àngel Ros, y el de Sabadell, Manuel Bustos, que, a su vez, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Este organismo, junto con la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACM) han dado el visto bueno al proyecto de Ausàs, pero son muchos los responsables de la FMC que lo rechazan. Las dos entidades municipalistas pidieron a la Diputación de Barcelona un informe para analizar si el proyecto es "oportuno" y "sólido". La Diputación ha dicho que no.

El anteproyecto de ley de organización veguerial (ALOV) "subvierte el sentido de la reforma estatutaria". En el Estatuto, la "provincia-veguería" tiene un rol principal que, en el proyecto de Ausàs, queda "devaluado". Según la Diputación, la futura ley debería otorgar a las nuevas demarcaciones territoriales -cuyos orígenes se remontan a la Edad Media- competencias suficientes. En cambio, el proyecto de Ausàs las limita a la "asistencia", económica y técnica, con los municipios. Ni siquiera les reconoce, según el informe crítico, ese rol preeminente en el gobierno supramunicipal.

A juicio de la Diputación, el proyecto es "impreciso y confuso", tiene "errores técnicos" -por ejemplo, no detalla el quórum de votación en cada caso- y está "hipotecado" por la falta de un modelo claro. En un anexo al informe, la Diputación lanza su propia propuesta para la veguería de Barcelona, que debería asumir competencias en materia de urbanismo, medio ambiente, transporte, vivienda e infraestructuras, entre otras.

Todo ello, bajo una premisa: "evitar superposiciones". Es decir, impedir que dos administraciones acaben realizando la misma tarea. Eso sería "difuncional y contrario a los principios de economía y racionalidad". El riesgo de duplicidad es evidente en Barcelona, ya que también está prevista la creación del Área Metropolitana.