Educación garantiza un inmediato cambio de centro si hay acoso escolar

El Departamento de Educación garantizará el cambio "inmediato" de centro educativo en casos de "violencia de género o acoso escolar", según el proyecto de decreto de admisión de alumnos en centros sufragados con fondos públicos que la Generalitat ha hecho público en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La referencia al acoso escolar es una de las novedades del nuevo decreto impulsado por el consejero Ernest Maragall, que sustituye al que entró en vigor en 2004 cuando era titular de Educación del primer tripartito, Marta Cid (ERC).

El cambio de centro por acoso escolar es una de las "circunstancias excepcionales" que prevé la normativa para nuevas solicitudes de admisión una vez que ya ha comenzado el curso. El decreto de admisión de alumnos en centros sufragados con fondos públicos entrará en vigor dentro de 20 días a partir de ayer y establece los criterios de selección de alumnos. Destacan la presencia de hermanos en el centro, la proximidad del domicilio, la percepción de la renta mínima de inserción (RMI) o la discapacidad del alumno o de algún familiar.

Además del acoso escolar y la violencia sexista, el decreto permite la aceptación de nuevas solicitudes de admisión, pasado el inicio de curso, para los alumnos que hayan cambiado de municipio por un traslado de domicilio y para los estudiantes que llegan de fuera de Cataluña. Para ello, el Departamento de Educación obliga a los centros a reservar dos plazas por grupo en el segundo ciclo de Educación Infantil, en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Además, Educación se reserva el derecho de autorizar el incremento de hasta el 10% en el número máximo de alumnos. Para favorecer la calidad del servicio y facilitar la integración y la cohesión social de los recién llegados, el departamento puede reducir el número de plazas por grupo.

Las medidas intentan hacer frente a la llegada de hijos de inmigrantes fruto de la reagrupación, que en el caso de las familias procedentes de América Latina se produce en enero, pues el curso escolar coincide allí con el año natural. Se espera la llegada de un número importante de alumnos a partir de este mes, que se sumarán al casi 12% de estudiantes de nacionalidad extranjera que ya registran las escuelas catalanas.

El proyecto de decreto pretende asegurar la integración y la cohesión social a través de la "escolarización equilibrada" del alumnado con necesidades educativas específicas, entre el que figuran los inmigrantes que, por lo menos, tienen que aprender el catalán.