Especulación del suelo: la enfermedad y el remedio
El suelo es una materia prima básica para el desarrollo de nuestras poblaciones. La ciudad evoluciona y necesita suelo donde construir viviendas para sus nuevos habitantes y para albergar los usos y actividades que se generan, para sumar activos a la reutilización del existente. Detener el crecimiento del suelo es causar su decaimiento. Pero ese crecimiento debe ser realizado con criterios de sostenibilidad, algo en lo que, a estas alturas, todos estamos de acuerdo, estableciéndose un equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales existentes. Se trata de crecer sin despilfarrar ese bien básico tan escaso que es el suelo, que no es renovable y cuya transformación en suelo urbano deviene irreversible.
El crecimiento de la ciudad debe tener en cuenta factores sociales para evitar desequilibrios y expulsiones indeseadas tanto de la población, ya sean nuevas generaciones o segmentos de menor solvencia, como de las nuevas actividades productivas y de servicios. Y debe propiciar, al mismo tiempo una movilidad razonable de sus ciudadanos. Deben tenerse en cuenta factores económicos, que resulten eficientes y favorables al progreso o, de lo contrario, su potencial como motor económico puede decaer. Sin embargo, todo argumento económico debe ser consecuente con el bien general y compatible con el respeto al medioambiente, que debe primar en el tratamiento del territorio, tanto en lo que se refiere al paisaje natural como al urbano, y asegurar requisitos de eficiencia energética y de salubridad. Por todo eso, el consumo de suelo, su transformación de suelo rural a suelo urbanizado, debe ser cuidadosamente estudiado. El desarrollo urbano debe ser escrupulosamente planificado en función de las auténticas necesidades de la sociedad y de la ciudad y no de otros intereses particulares.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La expansión de las ciudades españolas no se produce en función de sus necesidades reales y están creciendo de manera deforme y en ocasiones aberrante. El crecimiento razonable, equilibrado y sostenible de la ciudad, y de la sociedad que alberga, tropieza actualmente con un obstáculo difícilmente salvable: la especulación del suelo. Llamamos especulación al encarecimiento artificioso generado por el acaparamiento y la escasez originada por su empleo como mercancía urbana.
En ese escenario parece necesario un golpe de timón enérgico para recuperar la iniciativa sobre la gestión del suelo. Pero ¿a quién le interesa acabar con la especulación del suelo? Sin duda alguna a las ciudades, a sus ciudadanos, a las personas. Esto está claro. Pero no tenemos tanta certeza, en ocasiones, de que haya alguien más interesado en ello. Administraciones y políticos no está claro que estén por la labor. Algunos se llenan la boca con eso, pero nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, huevos que alimentan municipios y munícipes, partidos y partidarios, y en ocasiones a otras especies menos respetables.
Casi una quinta parte del suelo urbanizado en España lo ha sido en los últimos 10 años; lo que quiere decir que en ese tiempo se ha incrementado el 25% de lo que se había urbanizado en los 2.000 años anteriores.
La ley ha obligado a que el 10% de ese suelo haya ido a manos de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos lo han dilapidado o incluso han especulado con él. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de esas inmensas extensiones de nuevo suelo urbanizado, no se han destinado a construir viviendas sociales, protegidas o asequibles, sino a financiar otras actividades. Y eso ha sido así por decisión de los ayuntamientos, con su exclusiva responsabilidad algunas veces y con su aquiescencia en otras.
La Constitución obliga a luchar contra la especulación. Todas las leyes del suelo que se han aprobado en España hacen de eso uno de los aspectos más relevantes en sus exposiciones de motivos. La realidad nos dice que nunca se pasó de las teóricas buenas intenciones. Las dos primeras, las legisladas en los años 1956 y 1976, lo pretendieron mediante el impuesto progresivo municipal de solares sin edificar. La de 1992 mediante la expropiación, a la mitad de su valor, de todos aquellos solares que no hubieran sido edificados al cabo de un año. El resultado en todos los casos fue el mismo: prácticamente nunca se aplicaron.
La actual, del año 1998, con la pretensión de abaratar el suelo, aplicó lógicas de mercado de bienes de consumo, propiciando que todo el suelo pudiera ser urbanizado. El resultado ha sido que la creación de suelo urbanizable se ha desorbitado y al mismo tiempo su precio se ha multiplicado. El último capítulo se escribe ahora en las Cortes españolas, con otra nueva ley. De su lectura y análisis se saca una primera conclusión: más de lo mismo.
Se pretende, supuestamente, avanzar en la lucha contra la especulación desvinculando la propiedad del suelo del derecho a edificar, e incluso del derecho a urbanizar. Solución aplicada, con éxito, en países tan dispares, en su concepción social, como EE UU y Suecia; pero que aquí, en la práctica, sólo se materializará cuando se trate de la venta forzosa, y ésta se utilizará como instrumento arbitrario, de forma aleatoria y discrecional, ya que la ley no precisa con claridad su aplicación.
Se convierte así la expropiación en un peligroso instrumento en manos de quienes, hasta ahora, han demostrado su incapacidad para gestionar adecuadamente la transformación del suelo y para administrar las plusvalías generadas en el proceso.
La introducción que la nueva ley propicia, generalizada para toda España, la figura del agente urbanizador como presunto destinatario de los aprovechamientos de suelo, ha originado, donde hasta ahora se ha aplicado, no pocos conflictos y la reprimenda enérgica de las autoridades europeas por el expolio y la indefensión de los propietarios afectados.
Se limita a los propietarios de suelo el derecho a urbanizar, pero al mismo tiempo se entrega ese derecho a terceros, sin garantizar con eso que la colectividad se beneficie de las plusvalías generadas. Y, a estas alturas, todo el mundo sabe que las plusvalías que genera la transformación del suelo suelen ser de una cuantía económica muy considerable.
Se trata de expropiar barato para especular mejor. ¿No será peor el remedio que la enfermedad?
Pere González Nebreda es presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (AAEPFC) y Luis Antonio Corral Juan es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
