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Falsos padres 'adoptan' a inmigrantes para que consigan los papeles

Los detenidos, extranjeros nacionalizados, cobran hasta 5.000 euros por 'hijo'

Rebeca Carranco

Fingir ser (y cobrar por ello) el padre de otras personas para que obtengan una tarjeta de residencia en la Unión Europea se ha convertido en una nueva modalidad para regularizar la situación de muchos inmigrantes sin papeles. El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha llevado a cabo en Cataluña varias operaciones contra personas -originarias de Ghana, Gambia, Costa de Marfil, Nigeria o Bangladesh y que han obtenido la nacionalidad española- que cobraban miles de euros a otras más jóvenes para adoptarlas y facilitar así la legalización de su situación en la UE.

El caso más flagrante es el de un hombre de origen nigeriano que se ha paseado por distintas oficinas de expedición de tarjetas de residencia en España para regularizar la situación de casi 80 falsos hijos. El detenido actuaba bajo doble identidad y se movía por distintas ciudades para no levantar sospechas. Otro caso llamativo es el de un hombre ya jubilado de origen bangladesí, también nacionalizado español. Trató de conseguir la tarjeta de residencia comunitaria para cerca de 60 falsos hijos. Actuó en Valladolidad, Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona y Málaga. Con él trabajaban otros cinco compatriotas: un nacionalizado español, dos ingleses, un alemán y un austríaco.

Uno de los arrestados, de origen nigeriano, 'tenía' 80 hijos; otro, 60

Tanto en el caso del prolífico padre nigeriano como en el del bangladesí, los falsos hijos debían pagar cantidades que oscilan entre 4.000 y 5.000 euros. El problema radica en los pasaportes y certificados de nacimiento. Según la policía, estos documentos se expiden en los países de origen y tienen "poca fiabilidad". "No existen controles ni sistemas informatizados", añaden otras fuentes. La policía señala que obtener un pasaporte o un certificado de nacimiento falso en el país de origen es un juego de niños. En las oficinas de tramitación de estas tarjetas en España, los agentes comprueban que la documentación que presentan los españoles nacionalizados sea correcta. Cuando se detecta alguna anomalía o surge la sospecha, se investiga.

Los falsos padres reparten sus peticiones todo lo posible por el territorio español para evitar una investigación que ponga en evidencia la existencia de un excesivo número de hijos.

La tarjeta de residencia de familiar no comunitario de ciudadano de la Unión (este es el nombre completo del documento) es un salvoconducto para España, que permite trabajar y lograr la nacionalidad en poco tiempo. Para conseguirla, solo hay que demostrar el parentesco a través del certificado de nacimiento y el pasaporte o, en el caso del cónyuge, el certificado de matrimonio.

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El documento sirve, además, para todos los países de la Unión Europea, donde también pueden moverse libremente. "Cuando se tiene la nacionalidad, a los hijos y familiares se les aplica el trato de familiares de comunitarios. Con eso se ahorran el trámite de reagrupamiento, que es mucho más restrictivo y lento", asegura el abogado experto en inmigración Albert Parés. "Algunos de esos inmigrantes se marchan luego a Suiza", aseguran fuentes policiales.

En Girona el problema tiene sus propias variantes. Agentes del CNP han detenido en lo que va de año a 30 personas: 14 falsos padres y 16 falsos hijos, todos de Gambia. Girona es la zona con más población de origen gambiano de España. Y se trata de una población con arraigo de años, lo que implica que muchos tienen la nacionalidad española.

Los agentes detectaron esta modalidad de falsificación de la paternidad a finales de 2007, pero el aumento de los casos se produjo a partir de 2009. La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental de Girona está investigando todas las solicitudes de las tarjetas comunitarias que han presentado gambianos nacionalizados.

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Sobre la firma

Rebeca Carranco
Reportera especializada en temas de seguridad y sucesos. Ha trabajado en las redacciones de Madrid, Málaga y Girona, y actualmente desempeña su trabajo en Barcelona. Como colaboradora, ha contado con secciones en la SER, TV3 y en Catalunya Ràdio. Ha sido premiada por la Asociación de Dones Periodistes por su tratamiento de la violencia machista.

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