La Fiscalía investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Salou

La Fiscalía de Tarragona ha abierto "diligencias de investigación penal" contra el Ayuntamiento de Salou a raíz de una denuncia presentada por un grupo de vecinos de la localidad en la que aportan múltiples documentos que ponen en tela de juicio la gestión urbanística municipal. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que la Guardia Civil ha solicitado al consistorio los informes de adjudicación y construcción de un geriátrico en 9.000 metros de suelo público en un proyecto que incluye la comercialización de 77 apartamentos y por lo que la empresa adjudicataria compensa al consistorio con una cuota de 9.000 euros anuales. "Pagan lo mismo que una churrería por vender o alquilar 77 apartamentos construidos en suelo municipal", ha dicho en repetidas ocasiones el portavoz del PSC, en la oposición municipal, Antoni Banyeres.

Un oficial de la Guardia Civil acudió el viernes al consistorio de Salou para solicitar toda la información relacionada con este proyecto y también con la construcción de alrededor de 200 viviendas en un terreno que hasta 2002 ocupaba una histórica sala de fiestas, Galas, que ardió en un incendio que el delegado de la Geeneralitat de entonces, Cèsar Puig, calificó de "intencionado". La comercialización de estas viviendas la ha llevado a cabo una empresa tutelada por Phillipe Trujillo, socio del hijo del alcalde, Esteve Ferran Gombau, que es también el concejal de Urbanismo en funciones. Ambos compraron en 2002 una finca al 50%. El agente judicial no pudo hacerse con esta documentación al no encontrarla los funcionarios, por lo que concedió de plazo hasta el martes para obtenerla. Próximamente nuevos efectivos policiales se incorporarán a una investigación que también revisará un polémico proyecto para desviar una riera de Salou. El proyecto implica la expropiación de varias viviendas y libera un terreno para poder construir en él cuya propiedad mayoritaria es del primo del alcalde, el empresario Esteve Blasi. Los vecinos afectados por estas expropiaciones denunciaron hace 10 días a la Fiscalía estos otros casos de posibles irregularidades urbanísticas.