El Gobierno favorecerá abrir comercios en los límites con Aragón y Valencia

La nueva ley de comercio que prepara el Gobierno catalán preverá y ordenará el desarrollo de áreas comerciales en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas para lograr captar a los clientes en tránsito y procedentes de las regiones vecinas. Es una de las iniciativas que la Generalitat plantea en el borrador de la nueva normativa que ayer conocieron los sindicatos y las principales organizaciones del sector, como la Confederación Catalana del Comercio, la Agrupació de Botiguers de Catalunya (ABC), la patronal Pimec y Comertia.

"El objetivo es analizar y estudiar el desarrollo ordenado de este tipo de zonas porque se consideran zonas de tránsito con necesidades y con el objetivo de captar clientes de las comunidades vecinas", explicaron fuentes presentes en la reunión, y además se refirieron al interés por marcar posiciones en estas zonas transfronterizas para que "estos ejes comerciales ya no se puedan poner al otro lado y hacer la competencia al revés". Es decir, lograr ejes comerciales atractivos, por ejemplo en La Jonquera y el límite con Aragón, para lograr que los aragoneses o los franceses, o todos los consumidores potenciales de paso, hagan sus compras en Cataluña.

El borrador catalán también recoge un desarrollo ordenador de comercio en las llamadas "áreas de atracción turística", como podría ser un cámping, añaden distintas fuentes del sector. El objetivo global de la normativa es analizar la diferente casuística que puede generar la conveniencia de una superficie comercial.

Nuevos criterios

El proceso para alumbrar la norma, tal como explican diversas fuentes del gremio de comerciantes, se encuentra en "el primer paso de la recta final", con lo que este borrador está sujeto a variaciones durante el debate con los actores del sector. De momento, los empresarios reclaman "simplificación, seguridad jurídica y transparencia".

La nueva normativa supone la transposición de la Directiva Europea de Servicios, al igual que lo hace la ley del comercio de ámbito estatal, cuyo espíritu liberalizador quedó finalmente descafeinado por las presiones de comunidades tradicionalmente protectoras del comercio urbano, como Cataluña.

La normativa estatal afirma que "los requisitos que se establezcan para la autorización atenderán conjuntamente a criterios basados en razones imperiosas de interés general, como medio ambiente, entorno urbano y conservación del patrimonio histórico", es decir, que ya no sirve como argumento el "interés comercial".

El Gobierno catalán ya advirtió hace semanas que se considera que está facultado para regular la apertura de establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados y defiende la intervención autonómica a partir de 800 metros cuadrados. La Generalitat acepta que el Gobierno considere un centro como gran superficie a partir de 2.500 metros cuadrados, algo que la normativa comunitaria no menciona (en Francia, por ejemplo, el límite está en 1.000 metros), pero mantiene que tiene derecho a regular por debajo.