Hacienda acusa a la familia Carulla de eludir impuestos de 2003 a 2006
En el supuesto fraude intervinieron empresas del accionariado de Agrolimen
La Agencia Tributaria considera que seis hermanos de la familia Carulla están implicados en la evasión de impuestos del grupo familiar Agrolimen entre los años 2003 y 2006 a través de un complejo entramado de sociedades financieras domiciliadas en diversos países y paraísos fiscales. Concretamente, el informe de la Agencia Tributaria que constituye hasta ahora la principal prueba de cargo, detalla que los hermanos Carulla Font defraudaron a la hacienda pública con el impuesto de la renta en los ejercicios fiscales de 2003, 2004 y 2006, así como con el impuesto de patrimonio correspondiente a esos mismos años y en el de 2005.
El importe de la evasión supuestamente cometida es muy dispar, varía según el año y el impuesto de que se trate, pero en algunos ejercicios supera los 10 millones de euros, según fuentes de la investigación judicial.
La presunta evasión fiscal salió a la luz tras un registro en un banco portugués
Se trata de un caso difícil de detectar, según fuentes de la investigación
Las seis personas de la familia a las que alude el informe de Hacienda son Artur, Lluís, Jordi, Mariona, Montserrat y Aurèlia Carulla Font, ya sea en calidad de titulares o de partícipes de las sociedades utilizadas.
El supuesto fraude fiscal se detectó después del registro de las sedes del banco portugués del Espirito Santo ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 2006 durante una operación contra el blanqueo de capitales. Aquella documentación intervenida dio pie a la apertura de unas diligencias en 2008 en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ahora han sido remitidas a los juzgados de Barcelona por el sustituto del juez Garzón.
Para cometer el presunto fraude se emplearon dos empresas holandesas que son accionistas de Agrolimen (Venelpark y Merimare Investment), así como otra sociedad, Nerderpark, domiciliada en el paraíso fiscal de las Antillas holandesas y otras dos firmas de Uruguay (Grupsur) y Costa Rica (Grupcost), aprovechando los beneficios fiscales que se ofrecen en los citados países. Leído así parece simple, pero fuentes de la investigación explican que es un proceso difícil de detectar, lo que explica los dos años transcurridos entre el registro y la apertura de diligencias. Aunque la Agencia Tributaria señala a los seis hermanos Carulla Font, su intervención en la operación defraudatoria podría haber sido muy desigual y las primeras indagaciones apuntan a Jordi como el más activo de todos ellos en eus supuesto fraude.
El caso ha estado varias semanas dando vueltas entre el Juzgado de Instrucción 4 y el número 30, cuyo titular es Juli Solaz, el magistrado que instruye el caso del expolio del Palau de la Música, y que, finalmente, logró quitárselo de encima. En el mismo expediente figura también otro informe de la Agencia Tributaria referido al empresario francés Guy de Laforest y su esposa. Lo más probable es que acabe desgajado en otro procedimiento judicial distinto.
El magistrado Josep Miquel Porras no ha adoptado hasta ahora ninguna citación, aunque parece inevitable que, seguramente después de la Navidad, cite como imputados a los seis hermanos Carulla para prestar declaración. La fiscalía está estudiando el informe de la Agencia Tributaria antes de decidir qué actuaciones solicita del juez instructor del presunto delito de evasión fiscal.
