Ideas para una economía de izquierdas
El título del artículo promete más de lo que puedo ofrecer. No creo que sea capaz en poco más de 5.000 espacios ni siquiera de asomarme a tamaño empeño. Pero, las conclusiones del reciente congreso del PSOE me incitan a dialogar con la nueva y ambiciosa fundación IDEAS (Igualdad, Derechos, Ecología, Acción, Solidaridad), que preside Jesús Caldera, para que puedan empezar a desplegarse iniciativas que concreten las diferencias entre una economía de derechas y una economía de izquierdas. El presidente Rodríguez Zapatero puso un especial énfasis en distinguir entre alternativas económicas para afrontar la crisis, y sugirió, sin concretar, que el Gobierno socialista no hará lo mismo que haría un gobierno de derechas ante la compleja situación actual. Pues estoy plenamente dispuesto a contribuir a ello, aunque (como decía Soledad Gallego hace unos días refiriéndose al congreso socialista) no he visto en las ponencias muchos elementos que sugieran grandes cambios en relación con lo que se ha venido haciendo hasta ahora.
Percibimos la riqueza, pero también el enorme grado de pobreza y exclusión que nos rodea
Mi modesta propuesta se concreta en reforzar todo lo que se pueda la economía social y cooperativa en este país, como una vía para enraizar y estabilizar las iniciativas ya existentes, y para promover e impulsar nuevas propuestas al respecto. Estamos en momentos en que crece la percepción que no ha habido nunca tanta riqueza disponible, y que al mismo tiempo nos sobra información sobre el enorme grado de pobreza y exclusión que nos rodea. Asimismo, somos también más conscientes que nunca de los límites que el actual modelo de desarrollo tiene planteados desde el punto de vista ambiental. Los principios inspiradores de nuestro sistema económico generan individualismo y enfrentamiento, a partir de una competitividad que se ha convertido en un principio absoluto, autónomo y con existencia propia. Decía Hayek que la sociedad es un conjunto de individuos "que compiten entre sí por la posesión de los bienes disponibles". Es precisamente esta centralidad de la competitividad la que sitúa a la cooperación y la solidaridad en el otro polo de la ecuación. La voluntad y capacidad de construir otra economía debe basarse también en poner de relieve esa contradicción y reivindicar la democratización económica.
Es en este sentido que los principios del cooperativismo y de la economía social alcanzan nuevos relieves. Como sabemos, una cooperativa agrupa a personas que, de manera voluntaria, tratan como grupo de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, y lo hacen aceptando la plena gestión democrática de la organización y la propiedad conjunta. Es en este contexto en el que los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, toman una dimensión relevante y apuntan a formas de convivencia muy alejadas de las que fundamentan esta "sociedad de mercado". Cuando hablamos de economía social entendemos una forma de ver la empresa que, sin renunciar a la eficacia profesional y a la rentabilidad empresarial, pensamos que tiene como valores principales la primacía de las personas sobre el capital, la gestión participativa y democrática, el compromiso de las personas con la ciudadanía activa y su implicación con la comunidad, la solidaridad, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Y es significativa la preocupación por generar y asegurar empleo de calidad, que ocupa un papel muy importante en el desarrollo local y la cohesión social.
Deberíamos afrontar las crecientes dificultades de creación y mantenimiento del empleo en los sectores más vulnerables a la crisis, para aprovechar con más fuerza la capacidad de contratación pública. El pasado 2 de junio, el Gobierno vasco aprobó una resolución (BOPV de 19 de junio) en la que se cumplía una recomendación del Parlamento Vasco del año anterior en la que se instaba al Ejecutivo para que "utilizara la contratación pública como un eficaz instrumento contra la exclusión social". En la mencionada resolución se concretan las llamadas cláusulas sociales que incorporar en la licitación pública. Estas cláusulas se pueden definir como la inclusión de ciertos criterios en los procesos de contratación en virtud de los cuales se incorporan al contrato aspectos de política social como requerimiento previo (criterio de admisión), como elemento de evaluación (puntuación) o como obligación (exigencia de ejecución). De hecho, la Unión Europea ha instado a ello repetidas veces, ya que "el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales" y "la actuación de los poderes públicos para poner remedio a la situación de determinados grupos sociales en innegable desventaja en el ámbito laboral no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad" (sentencias del Tribunal Europeo).
En la revisión del Acuerdo Estratégico para la Competitividad y la Inclusión Social ratificado hace unos días por el Gobierno de la Generalitat y los agentes sociales se menciona la necesidad de reforzar el uso de cláusulas sociales en la contratación pública. Nos gustaría comprobar que esa declaración se concreta y empieza a ponerse en vigor. Nuestras percepciones son que por el momento, en la mayoría de ocasiones, ante dos ofertas en relación con un mismo servicio, acaba dándose prioridad al criterio de eficiencia, lo cual simplifica notablemente el debate y lo aleja de los valores que aquí defendemos. Convendría empezar a hacer estudios sobre el coste que supondría para las administraciones públicas el que dejaran de existir ciertas empresas de reinserción, cooperativas que agrupan personas en riesgo de exclusión o entidades del tercer sector, y así poco a poco completaríamos el principio de eficiencia en la gestión pública, e iríamos pasando de las ideas a los hechos.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB
