Investigadas 20 empresas por explotar a 'sin papeles'

El trabajo clandestino es, pese al paro galopante y los recortes de mano de obra, una realidad vigente. En los dos primeros meses del año, el Cuerpo Nacional de Policía ha inspeccionado una veintena de pequeñas empresas en Cataluña por dar trabajo a inmigrantes sin papeles. Algunos empresarios son españoles, pero los expertos coinciden en que los explotadores cada vez más son compatriotas de las víctimas. Su propósito no sólo es abaratar costes para ganar más. En ocasiones cuentan con la complicidad de las víctimas, que buscan una oferta de trabajo ficticia para regularizar su situación en España.

En enero y febrero, la policía ha detenido a 20 empresarios (por delito contra los derechos de los trabajadores y favorecer la inmigración ilegal) y a 31 extranjeros.

"Hay empresarios sinvergüenzas, pero son minoría. En época de bonanza, faltaban manos en la construcción, el campo y la restauración, y les buscaron", explica el abogado Antoni Segura, experto en extranjería."Por lo general, los empresarios acabaron contratando a estas personas", continúa Segura. Los casos que ahora ha destapado la policía son diversos, y las empresas, de sectores muy distintos: bares y restaurantes, peluquerías, pequeñas firmas de construcción o instaladores y gestorías, entre otras.

Las inspecciones a las empresas se han incrementado. La mayor parte de ellas están regentadas por ciudadanos extranjeros -destacan, por volumen, los chinos y paquistaníes- que "buscan reducir costes a costa de sus compatriotas con falsas promesas", indica Segura. En otros casos, los empresarios desconocen que el trabajador carece de la documentación en regla. Pero eso no impide que aprovechen la inexistencia de un contrato de trabajo para ahorrar costes e imponer condiciones de trabajo rayanas en la explotación.

Es el caso de una de las empresas investigadas a finales de enero. Se trata de un restaurante especializado en carnes de Castellbisbal (Vallès Occidental). Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación descubrieron que la mitad de los empleados (seis de 13) vulneraban la Ley de Extranjería, por lo que fueron arrestados. Según sus propias declaraciones, trabajaban 13 horas al día, los siete días de la semana, por un jornal que a duras penas superaba los 20 euros. Los dos responsables del local fueron detenidos.

Los inmigrantes del restaurante de Castellbisbal, cinco bolivianos y un hondureño, hacían toda clase de tareas -de camareros, limpiadores, cocineros- "sin contrato alguno" y cobraban "en efectivo", según la investigación policial. Uno de sus jefes adujo en comisaría que las personas sorprendidas trabajando en ese momento "no eran empleados suyos". La excusa no le valió y fue arrestado.

Sin denuncias

Las inspecciones -que la policía suele realizar junto con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social- son un estímulo para que el empresario se ponga al día. Tal es el caso de Rubén L., un trabajador boliviano al que su empresa, también investigada, le facilitará contrato. O eso le han dicho. El 3 de febrero, los agentes registraron esta firma de Rubí dedicada a comercializar productos textiles. "Soy maquinista y el día que llegó la policía estaba de prueba. Pero todo va a estar en orden ahora", sostiene Rubén. Sus condiciones, dice, "no eran tan horribles": 50 euros al día [también pagados en negro] por una jornada de ocho horas. "Si me comparo con otros, tampoco me pagan tan mal".

La actitud de Rubén (defiende a capa y espada a la empresa) es habitual. Una de las vías para regularizar la situación es que el sin papeles denuncie al empresario. "Pero esto ha sido un fracaso. Muy pocos lo han hecho. Los inmigrantes piensan: '¿Cómo voy a denunciar a este hombre si se ha portado bien conmigo?'. Además, temen perder el trabajo y a veces carecen de pruebas", advierte Segura.