Ley de educación y 'sociovergencia'
El proyecto de ley de educación se ha convertido para CiU en una interesante oportunidad de romper la mayoría de izquierdas gobernante en Cataluña. CiU se ha ofrecido al PSC para ensayar en esta delicada materia la fórmula del centro izquierda, conocida como sociovergencia en el argot político catalán. El líder de CiU, Artur Mas, ha asegurado al presidente José Montilla que está dispuesto a unir sus votos en el Parlament con los del PSC en este proyecto si los socialistas deciden abandonar algunas de las posiciones que hasta ahora han defendido conjuntamente con Esquerra e Iniciativa en materia educativa. Y en principio, el PSC no ha cerrado la puerta a nada.
Lo que está en juego es, entre otras cosas, el peso y la autonomía que el potente sector privado religioso vaya a tener en el futuro en el sistema catalán de enseñanza. En el balance de los cinco años de gobiernos de la izquierda formulado la semana pasada por CiU, puede verse con claridad el porqué de la oferta de Mas a Montilla. "Sólo se potencia la escuela pública, en detrimento de la escuela concertada", acusan los nacionalistas, "a pesar de que el peso en el sistema educativo global público concertado es aproximadamente del 40% al 60%".
Ésta es la cuestión. Los gobiernos de Jordi Pujol mantuvieron esa relación en torno al 50%, una proporción que CiU siente la imperiosa necesidad de recuperar. El ámbito social, profesional, económico e ideológico de la escuela privada y religiosa concertada ha sido y es un universo muy afín a CiU, aunque no en exclusiva, por supuesto. La coalición encabezada por Mas necesita mantener esa afinidad y quiere evitar que el sector concertado sea sometido por ley a las exigencias generales del sistema educativo público. Grosso modo, el modelo escolar de la época pujoliana consistía en formular un elogio retórico de la escuela pública mientras se subvencionaba a la privada concertada sin cuestionar para nada su condición de coto para las clases medias.
El principal objetivo de CiU en esta batalla es eliminar la pretensión inicial del proyecto de ley de crear una red escolar pública única, integrada por los centros de la Generalitat y los colegios privados concertados, que pasarían a tener que asumir la parte que les correspondiera en la atención de las necesidades generales del sistema educativo de acuerdo con unos objetivos fijados por la Administración. Es decir, las escuelas privadas que aspirasen a las subvenciones públicas deberían dejar de ser un coto social con límites y puerta de entrada controlados exclusivamente por sus propietarios. Este privilegio quedaría reservado sólo a los colegios privados no subvencionados.
La tramitación que acaba de comenzar en el Parlament puede desembocar tanto en una ley con los votos del tripartito de izquierdas como en una ley de la sociovergencia. Lo que da verosimilitud a la segunda opción es que CiU parece haber convencido al PSC de la conveniencia de que la futura ley de educación pueda ser aplicada por ambos partidos.
Puede que la incógnita tarde unos meses en despejarse. Los socialistas están en disposición de inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Su primera preferencia, obviamente, es lograr un acuerdo a cuatro, que sume al tripartito y a CiU. Pero Mas presiona, tanto desde el plano político como desde el social, para descabalgar a Esquerra e Iniciativa. Si lo consigue, habrá roto el tripartito de izquierdas en un asunto de particular repercusión social y fuerte contenido ideológico. Sería un sapo de mal tragar para los dos socios menores del Gobierno catalán. Tendría su gracia que fuera la izquierda la que garantizara por ley el mantenimiento del coto social educativo mimado de facto por CiU durante 23 años. El PSC puede llegar a creer, sin embargo, que ésta es precisamente una forma de penetrar en este coto clasista y de demostrar a sus usuarios y propietarios, entre los que se cuenta la Iglesia católica, que nada tienen que temer del socialismo. Una tentación.
