Mil millones más de recortes

El Gobierno de la Generalitat se vio avalado el domingo en las urnas con la victoria de Convergència i Unió (CiU) y respondió ayer redoblando los recortes que han marcado su mandato desde que, hace casi un año, venció en las elecciones autonómicas. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció un plan que servirá para ahorrar 1.000 millones de euros y que incluirá la reducción del sueldo de los empleados públicos catalanes, una fórmula de copago que la Administración está sopesando, la subida de tasas y la privatización de empresas públicas. El plan, que por ahora es poco concreto, tomará forma en los presupuestos de 2012, que la Generalitat prevé presentar en el Parlament a mediados de diciembre. El objetivo es seguir reduciendo el déficit público del 4,2% del año pasado al 1,3% al cierre de 2012, lo cual Mas aseguró que cumplirán a rajatabla.

La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, deberá emprender la reducción del sueldo de los empleados públicos. La Administración catalana tiene 231.013 trabajadores, entre los cuales hay desde médicos y profesores hasta empleados de sus empresas públicas. La Generalitat solo tiene poder para modificar el complemento específico de sueldo que paga, de alrededor del 30% de la nómina. "No serán reducciones importantes en porcentaje. Será un sacrificio, un esfuerzo de la función pública para no tocar las líneas rojas del Estado de bienestar", apuntó Mas, consciente de que seguir con los recortes sociales supondría una amenaza para los servicios públicos. El presidente, además, quiso demostrar que predica con el ejemplo anunciando una reducción en las percepciones de los altos cargos. Como ha sucedido este año, Mas, sus consejeros y el resto de los altos cargos prescindirán de una paga extra. "La reducción del sueldo para los funcionarios será menor que la nuestra", defendió Mas. Estas medidas, apuntó, quedarán suspendidas si el nuevo Gobierno del PP decide hacer su propia reducción de nóminas.

La Generalitat sopesa incluir en estos presupuestos fórmulas de copago sanitario. Mas evitó referirse al término -"el copago, puro y duro, no es lo que hace falta"-, pero admitió que está buscando fórmulas para "poner barreras al uso excesivo de la sanidad". Asimismo habló de la introducción de un "tique moderador", sin detallar qué significaba esa expresión. Solo puso como ejemplo de uso excesivo las recetas y evitó concretar qué servicios pueden verse afectados. "No se pagará por acceder al hospital o al centro de atención primaria", se escudó. Algunas de las fórmulas que ayer presentó Mas ya habían sido esbozadas por el consejero Andreu Mas-Colell, quien en una conferencia en el Círculo de Economía proclamó el fin del "acceso general gratuito" a los servicios y defendió que los beneficiarios de algunas prestaciones asuman su coste.Las medidas para ahorrar incluyen la subida de tasas y precios públicos. Aumentarán las tasas universitarias y los precios del transporte, aunque la cifra todavía no está cuantificada. También subirá el canon del agua, un gravamen que este año ya ha aumentado un 8,5%, y el llamado céntimo sanitario para la gasolina. La Generalitat cobra ahora mismo 0,024 euros por litro, una cifra que la legislación catalana prevé que pueda duplicarse. Sumando la parte del impuesto que pertenece al Estado, el Ejecutivo recauda en total 272,9 millones de euros.Con las subidas de precios, la Generalitat intenta equilibrar la reducción de gasto con el aumento de ingresos, aunque más allá del céntimo sanitario no tocará ningún impuesto. Mas solo se comprometió a mantener el tipo máximo de IRPF en la cota más alta y aplicar el impuesto de patrimonio si el PP decide mantenerlo.

Con esta medida, Mas quiere evitar que la tijera vuelva a pasar por ciertos servicios. "En algunos casos hemos tocado fondo: si continuáramos recortando, igual pondríamos en riesgo servicios para la ciudadanía". Mas admitió que la lejanía de elecciones -faltan dos años para las europeas-, facilitará el papel a la Generalitat. El Gobierno catalán prevé ahorrar 1.000 millones de euros: el dinero que no se logre con la subida de tasas se quitará de la nómina de los trabajadores públicos.

El paquete de medidas, sin embargo, no evitará un nuevo tijeretazo -más allá de estos 1.000 millones- en los presupuestos de 2012, aunque fuentes de Economía sostuvieron que la reducción no será tan brusca ni generalizada como la de este año. La Generalitat ha diseñado este segundo plan de recortes calculando que el Gobierno central no abonará hasta 2013 los 1.450 millones que adeuda a Cataluña en concepto de fondo de competitividad. Mas considera que, tras dos años de austeridad, en 2013 podrá hacer unos presupuestos "normales".

A causa de la falta de tiempo para aprobar los presupuestos este año, la Generalitat deberá prorrogar en enero sus cuentas por segundo año consecutivo, al menos hasta que a principios de febrero apruebe las de 2012. Estas no se presentaron en el Parlament antes porque, según el Ejecutivo, no había presupuestos del Estado y, en cambio, se enfrentaban a demasiadas "incertidumbres", por ejemplo si se fijaría el impuesto de patrimonio. Con las mismas incógnitas y transcurridas las elecciones, ayer Mas sí fue capaz de esbozar las medidas y recortes que acometerá en 2012.

Siempre atento a poner en valor su promesa electoral, Mas aseguró que si Cataluña tuviera un mejor modelo de financiación, no tendría que hacer estos recortes. "Todo esto no lo haríamos si tuviéramos el pacto fiscal", dijo el presidente. Aunque CiU ya se encargó el lunes de rebajar sus pretensiones al pacto fiscal, ayer Mas afirmó que cree que su grupo tendrá "fuerza" para exigirlo.

Con su decisión, Mas se cierra en un panorama que le puede poner en apuros: la dependencia exclusiva del PP. Solo este partido se ha abierto a pactar estas medidas. El portavoz parlamentario del PP, Enric Millo, se mostró "satisfecho" por el plan de recortes. Millo dejó entrever que el PP no tendrá inconveniente en apoyar unos presupuestos con esos recortes y puntualizó: "Tenemos puntos de discrepancia en cuanto a algunas de las medidas anunciadas, pero compartimos la filosofía general". Alicia Sánchez-Camacho puede vender caro el pacto: el PP no necesita a CiU tras lograr la mayoría absoluta en el Congreso.