'Mobbing' en la calle Vallespir
La dueña demanda a sus inquilinos por ruina de la finca
Dos pancartas penden desde hace días de la finca del número 25 de la calle de Vallespir, a un tiro de piedra de la estación de Sants. "Aquí ens fan mobbing", se lee en una. Y la otra reza: "Aquesta finca no està en ruïnes". Y, bajo esta frase, aparece dibujada una barra de pan. Todo el mundo entiende el mensaje en el barrio. Los vecinos afectados, muchos jubilados, están pasando un calvario porque la dueña, Núria Puigpelat, una de las hijas de Isidre y Paqui, los panaderos que tenían el horno en los bajos, quiere que se dé por perdida la finca por estar en ruina y que se extingan los contratos de renta antigua de los inquilinos.
No parece que el edificio, que tiene 111 años, esté a punto de caer. Su aspecto es similar al de muchas fincas de Barcelona que precisan la reforma de sus fachadas, tejados y el saneamiento de sus bajantes. Los vecinos no dudan que están sufriendo mobbing muy especial: se quedaron estupefactos cuando un funcionario del juzgado les llevó en abril la demanda de Puigpelat. Amparándose en sendos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el escrito dice que la finca está perdida (en ruina) porque las obras de reforma superarían el 50% del valor de la finca una vez descontado el del suelo. Felip Roca, de 64 años, que vive en ella desde 1976, y Montserrat Roselló, de 81, desde 1950, se quedaron atónitos al ser denunciados por una persona a la que han visto crecer como a sus hermanos y que ahora forma parte de una familia de juristas.
La historia se remonta a años atrás, cuando los vecinos se hartaron, sin éxito, de pedirle al administrador que impulsara las reformas para conservar el edificio. El momento crítico lo vivieron en la Nochevieja de 2005, cuando se quedaron sin luz y tuvieron que tomar las uvas con velas. Su abogada, Vanesa González, presentó una querella por amenazas y coacciones y tentativa de incendio, que se archivó. La justicia no le dio la razón, pero el Ayuntamiento sí. La letrada denunció el caso al Consistorio por el mal estado de la finca y éste, un año después, instó a los dueños a tomar las medidas para garantizar "la seguridad del inmueble, de sus ocupantes y transeúntes" instando el arreglo de balcones, cornisas, revestimentos y bajantes". Les dio un mes para solicitar la licencia y hacer las obras bajo la amenaza de sanción.
Puigpelat no acató el requerimiento y, además, demandó a los vecinos sin seguir el cauce habitual de solicitar al Consistorio la declaración de ruina. Según el informe del arquitecto, la reparación es "absolutamente urgente e inevitable ante la gravedad de la estabilidad del inmueble. Se precisa una actuación global en el mismo y libre de ocupantes que pongan en peligro su vida y sus ajuares". Y hace este cálculo: valora el edificio en 341.898 euros y las obras, en 198.338. "Este coste supera el porcentaje fijado por la LAU (50%) siendo la consecuencia jurídica la resolución de todos los contratos de arrendamiento por pérdida del predio". Y añade que, pese a saber que el dueño debe conservar la finca, "habría en este caso una excesiva onerosidad y desproporcionalidad para el arrendador".
"Vamos a luchar hasta el final"
Felip Roca abre las puertas de su casa y está impecable, pero la dueña calcula que su valor es de 30.332 euros y el de las obras, 17.639. "Mis hijas me dicen que me lo debo tomar mejor porque me va a dar un yuyu, pero lucharé hasta el final. Aunque seamos mayores no tienen derecho a darnos una patada", dice con la voz rota. Monserrat Roselló, su vecina de enfrente y consuegra, lo vive como un suplicio: "¿Dónde iré ahora? ¿Y mi hija? Ella vive en el último piso y está igual". Roselló muestra las humedades del baño por culpa del bajante.
Los hijos de los hijos se hicieron novios flirteando por las terrazas que separan sus casas y que hacen las veces de techo de otra finca de los Puigpelat. Los afectados creen que quieren tirar la casa abajo para volver a construir: de hecho, a la joyería y a la panadería actual no les renovaron los contratos ni tampoco a una joven embarazada. Un grupo de inquilinos peruanos ha corrido la misma suerte. Una de las vecinas, que vive en una residencia, fue al juzgado a declarar en silla de ruedas.
La abogada de los afectados, Vanesa González, ha presentado una querella por amenazas y coacciones y tres denuncias. Todas han sido archivadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En la respuesta a la última demanda de los propietarios a los inquilinos, González le acusa de fraude de ley por intentar esquivar la orden municipal de hacer las obras.
La abogada pedirá una entrevista con el fiscal antimobbing y es optimista tras el precedente de la finca de la calle de Enric Granados. El Ayuntamiento asegura que luchará para conservar la finca. Este diario intentó sin éxito, en varias ocasiones, hablar con los abogados de Puigpelat.
