Los Mossos rechazan la orden judicial de transcribir las escuchas del Palau
La defensa pidió la destrucción del CD, pero la Generalitat se opuso
Siete meses después de que estallara el saqueo del Palau de la Música, las escuchas telefónicas que se realizaron en los días previos al registro de los Mossos d'Esquadra siguen sin estar transcritas en el juzgado. En contra del procedimiento habitual en una investigación penal, la policía autonómica no sólo no ha realizado la transcripción de las grabaciones para que el juez valore si tienen interés para la causa, sino que se ha negado a acatar la orden del magistrado Juli Solaz que se lo ordenaba, al considerar que se trata de conversaciones privadas sin interés.
El origen de esta situación arranca del mes de noviembre, cuando el despacho de abogados Molins solicitó del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona la destrucción del CD con las escuchas telefónicas que realizaron los Mossos d'Esquadra por orden judicial los días 21 y 22 de julio, así como el 23 del mismo mes, coincidiendo con el registro de la institución. Yolanda Hernández, la abogada de la Generalitat que representa los intereses del consorcio en la causa, escuchó las más de 900 anotaciones registradas en el CD, entre llamadas telefónicas y SMS y se opuso a la destrucción al considerar que algunas conversaciones tenían interés para la investigación penal. Especialmente, unos diálogos que mantiene Gemma Montull, ex directora financiera del Palau e hija del saqueador confeso Jordi Montull.
La policía afirma que son conversaciones privadas, pero el consorcio lo rechaza
Por eso, la letrada solicitó del juez que se transcribieran las conversaciones y así lo acordó el juez el 23 de diciembre y lo ordenó a la unidad de policía judicial de los Mossos adscrita a la fiscalía. El juez precisaba que sólo se transcribieran las conversaciones que tuvieran interés para la causa y que no era necesario hacerlo con las que "versen sobre aspectos privados de personas que no se encuentran imputadas o que aun estándolo sean de carácter privado".
El subinspector Oscar Núñez Aparicio, jefe de la unidad adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona, respondió al juez el 13 de enero que no es necesaria "la transcripción de aquellas llamadas relacionadas con el ámbito privado" y que devolvía el CD con las escuchas. El mando policial recordaba que si no se transcribieron inicialmente fue porque "no se observaba ninguna relación ni el contenido era de interés para la investigación". La abogada de la Generalitat sigue sosteniendo lo contrario y ha pedido que se transcriban la totalidad de las escuchas.El Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona ha declarado improcedente el despido de Clara Millet, hija del ex presidente del Palau y que era la responsable de relaciones internacionales de la institución. La sentencia ordena la readmisión o que se la indemnice con 79.000 euros. El juez precisa que el hecho de que sea la hija del saqueador confeso no implica que se beneficiara de la actuación irregular de su padre, sino que, incluso "bien podía perfectamente haberla engañado ocultándole también a ella su actuación reprobable".
El juez también argumenta que los actuales responsables del Palau despidieron a Clara Millet a mediados de noviembre del pasado año, cuando el resto de despedidos -Gemma Montull, Rosa Garicano y Elisabet Barberà- lo fueron a finales de septiembre y octubre. Esta secuencia temporal sólo se explica, según el juez, por el hecho de que los actuales gestores nunca tuvieron el convencimiento de que la hija de Millet conociera el desfalco.
La semana pasada, otra juez declaró procedente el despido de Gemma Montull, ex directora administrativa del Palau. Ayer se celebró la vista por el despido de Elisabet Barberà, secretaria de Félix Millet.
El ex presidente del Palau de la Música Catalana ha devuelto la Creu de Sant Jordi que le había concedido la Generalitat presidida por Jordi Pujol en 1999, según anunció ayer el consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, en la reunión semanal del Gobierno catalán. Fue el notario de Millet quien efectuó la devolución tras el requerimiento del Gobierno, aunque Millet se había negado de entrada a retornar una distinción, que fue revocaba el pasado mes de noviembre.
