Movimientos por una vivienda digna
El año 2006 ha significado la aparición y consolidación de un movimiento en la mayoría de ciudades españolas, emblemático de principios del siglo XXI: ha arrancado a través de las redes de Internet, ha aflorado por el reflejo que los medios de información han dado del problema de la vivienda y lo forman grupos muy heterogéneos: jóvenes y no tan jóvenes, okupas, mileuristas y estudiantes, hijos de trabajadores e hijos de la burguesía.
Algo aflora, pero también algo permanece oculto. Mientras unos se hacen visibles, otros sectores siguen sin voz, como los inmigrantes que viven hacinados en centros históricos, polígonos y periferias; o como los ancianos con pensiones insuficientes, en pisos deteriorados, que sufren mobbing y se pierden en los laberintos burocráticos. Por ello, un colectivo de jóvenes de Barcelona lleva adelante el proyecto PHRP (Promoció d'Habitatge Realment Públic), conviviendo con las personas que sufren acoso inmobiliario.
Sin embargo, no se puede olvidar la historia reciente: el actual problema de la vivienda se gestó a finales de los años noventa, cuando los poderes estatales, en manos del Partido Popular, y la política autonómica, en manos del gobierno de Convergència i Unió, abandonaron casi completamente las políticas de vivienda social, realizando sólo operaciones de realojo. Hacia 1997 se hubiera podido actuar introduciendo medidas para empezar a frenar la burbuja inmobiliaria y se hizo lo contrario: dar aún más facilidades para disponer de más suelo para especular y dejar las plusvalías del sector en manos de los intereses inmobiliarios y financieros.
Ni se puede ignorar que la cuestión de la vivienda ha sido siempre coyuntural en el sistema capitalista y en la sociedad de lucha de clases: cuando la economía a gran escala va bien, el sector de la vivienda crece y los Gobiernos dejan los beneficios en manos del capital, los especuladores y las clases ascendentes, de los que de una manera u otra forman parte; cuando el sector de la construcción no obtiene tantos beneficios y aparecen movimientos sociales de protesta, se debe volver a las políticas sociales de vivienda para reanimar el sector inmobiliario, introduciendo capital público. Las llamadas políticas de vivienda social en el capitalismo son siempre coyunturalmente economicistas y no sociales, para reactivar un sector en crisis que es motor de la economía. La primera situación la acostumbra a gestionar la derecha, formada en el saber de la especulación y en la impunidad de la mentira; y la segunda, la de la crisis, acostumbra a quedar en manos de la izquierda, que vuelve a las políticas asistenciales e intenta recuperar escalones del estado del bienestar.
Tampoco olvidemos que las críticas y los movimientos contra el problema de acceso a la vivienda no nacen en el 2006, sino antes: con el movimiento okupa; con la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne, creada en 1998 por los sindicatos catalanes, Cáritas, Justicia i Pau, la FVAB y la OCUC, y que en el 2000 hizo su primer congreso; con informes como el de la sección juvenil de Comisiones Obreras en 2003; con las actividades de Arquitectos sin fronteras y con estudios como el que se presentó en febrero del 2004 sobre la gravedad del problema de la vivienda y que el Colegio de Arquitectos de Cataluña silenció. Nadie ha querido ver lo que pasaba. Ha tenido que ser Miloon Kothari, relator de la ONU, quien diga que la cuestión del acceso a la vivienda en España es de una gravedad que no ha visto en otros países, llegando a reconocer la okupación como legítima en tales circunstancias.
Y ha sido ahora cuando el movimiento ha eclosionado para consolidarse, cuando la gestión de la crisis está en manos de la izquierda y cuando los medios de comunicación han conseguido potenciar un estado de opinión que caracteriza la situación y otorga un nombre a cada proceso: burbuja inmobiliaria, pelotazo, especulación, mobbing, mileuristas, etc. Y es por esto que es injusto negar validez a los esfuerzos del Ministerio de Vivienda, creado por el Gobierno del PSOE, o despreciar el valor de una propuesta progresista como la Ley por el derecho a la vivienda del Parlamento catalán.
Pero ésta es la situación y aunque los responsables actuales sean sólo, en parte, los que crearon el problema, son los que lo han de resolver. Éstas son las reglas del juego de la democracia capitalista, aunque algunos duerman en el sueño del consumo. Por esto está cargado de razón este movimiento por una vivienda digna, que clama "no vas a tener una casa en la puta vida" y que exige soluciones al alcalde de Barcelona y al presidente de la Generalitat. Y si van a hacer oídos sordos y no tienen intención de afrontar el problema social más grave de la sociedad catalana, más vale que dimitan. Unos, los del Ayuntamiento, llevan gobernando la ciudad desde los inicios de la democracia, estaban sobre aviso y han hecho poco con las 90.000 viviendas vacías de la ciudad, con el alquiler social y con los nuevos pisos para jóvenes. Los otros, a causa de la traición de ERC, no han conseguido aún aprobar la ley básica para afrontar el problema de la vivienda. Y, aunque el actual movimiento por una vivienda digna surja sin memoria, en su despertar tardío constituye la más dura crítica a unas instituciones que no están cumpliendo con las responsabilidades que la misma Constitución señala, especialmente en el artículo 47.
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
