_
_
_
_
_
Tribuna:
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Nueva oportunidad para un pacto educativo

La sociedad catalana necesita más que nunca un revulsivo en su sistema educativo. Todos los indicadores confirman que la referencia que un día fuimos en materia educativa hoy ya no lo somos y, lo que es peor, no lo volveremos a ser como mínimo en una década, el tiempo mínimo para poder evaluar el efecto de los cambios en un sistema educativo.

Saber qué nos ha pasado es imprescindible para reconducir escenarios. La mirada comparativa no es el fin último que nos debe motivar a mejorar nuestro sistema educativo. La pérdida de posiciones relativas en indicadores educativos es sólo la confirmación de una pérdida más importante en términos absolutos, tanto en calidad, o si se prefiere excelencia, como en equidad, o si se prefiere igualdad real de oportunidades, entre todos los alumnos catalanes.

Sin la concertada reconocida y corresponsabilizada con la pública no mejorará el sistema escolar
Más información
ICV no apoyará la Ley de Educación de Maragall y dice que presentará enmiendas

Algún lector puede estar pensando que nuestro problema fundamental está en la escuela pública. En primer lugar, hay que afirmar que la escuela pública puede tener problemas, y de hecho los tiene, y bien visibles, especialmente en las áreas más pobladas del país, pero en ningún caso se puede considerar que la escuela pública sea el problema. Sin escuela pública hoy la situación educativa sería probablemente peor, como peor es la sanidad en aquellos países donde la sanidad pública es residual y subsidiaria de la sanidad privada. En segundo lugar, hay que romper con algunos apriorismos arraigados en las clases medias que consideran que la escuela privada es ajena a cualquier problema. Lejos de esta imagen, hay que decir que la escuela concertada también los tiene, y que no son menores. Lamentablemente, tanto nuestra escuela pública como nuestra escuela concertada ocupan posiciones inferiores a las de las escuelas públicas y concertadas del conjunto de las comunidades autónomas, nuestro referente legal y social más próximo. Los datos están ahí, son muy recientes, inequívocos y difícilmente discutibles. Es indudable que en Cataluña tenemos centros escolares que son estupendos -tanto públicos como concertados-, pero nuestro sistema ya no es estupendo. Como dice el dicho popular, una golondrina no hace verano.

Todo esto viene a cuento del debate y la confrontación que la tramitación gubernamental de la futura Ley de Educación de Cataluña (LEC) está suscitando. Aún no sabemos si tendremos ley, cabe esperar que sí, pero lo que ya es seguro es que las espadas entre los actores tradicionalmente enfrentados a favor de la escuela pública, unos, y la concertada, otros, se han alzado. Y esto es una mala noticia, la peor noticia desde la elaboración y aprobación del Pacto Nacional por la Educación (2004-2006). Lo único cierto que hoy podemos afirmar es que sin la confianza entre todos los actores de la comunidad educativa (sindicatos, patronales, profesores y administración), difícilmente encontraremos el camino de impulso educativo que nuestro país requiere. Y de la misma manera que he afirmado que sin escuela pública el escenario social de la educación sería hoy peor, ahora afirmo que sin una escuela concertada reconocida y corresponsabilizada junto a la pública no hay posibilidad de mejora de nuestro sistema educativo.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El proyecto de ley de educación que el martes se someterá a aprobación en el Consell Executiu de la Generalitat ha tenido una tramitación manifiestamente mejorable. El departamento, queriendo pactar con todos, se puede quedar con escasos apoyos y un alud de críticas y rechazos muy importante. El problema no es haber buscado el consenso con todos, sino la forma como se ha buscado. Ha habido un exceso de reuniones bilaterales, ningún encuentro multilateral para buscar consensos para el proyecto de ley y un número de documentos previos (el de base, el del anteproyecto y el del proyecto, sin contar que el martes llegará a la mesa del Consell Executiu un nuevo articulado que con toda seguridad será también distinto al del proyecto de ley conocido públicamente) a todas luces innecesarios por el cambio de rumbo que en cada uno de esos escritos se aprecia en referencia al anterior.

Ernest Maragall y su equipo han equivocado los tiempos. No siendo ésta una mala ley si estuviera ya pactada con CiU, puede ser un mal proyecto de ley si el pacto se ha de producir. En poco ha ayudado que el departamento no haya tenido una posición clara y transparente en temas sensibles del debate. Por ejemplo, el concepto de servicio público de educación y el de servicio de interés público (los dos recogidos en el pacto nacional, el segundo en el Estatuto y el primero en la LOE) han entrado y salido de los distintos documentos y articulados en función de con quién estaban negociando el consejero y su equipo. Así no se crean confianzas.

El departamento ha estado en todo este proceso de elaboración del proyecto de ley obsesionado con atraer a los sectores de la concertada a su territorio y dejar a CiU sin un terreno de juego claro en el Parlamento. El problema para Maragall es que su proyecto de ley llega a la mesa del Consell Executiu sin ese apoyo de la concertada -más bien al contrario-; con una CiU que, a pesar de tener voluntad de pacto, no está dispuesta a regalar nada al Gobierno (como nunca lo está ninguna oposición); con unos sindicatos amenazando movilizaciones y unos socios de Gobierno, como es el caso de ICV, preocupados por lo que consideran una propuesta difícilmente asumible por las renuncias que comporta como proyecto de ley del Gobierno.

En ese sentido, tal como están las cosas, un voto de reserva de ICV al proyecto de ley de educación en el Consell Executiu de mañana podría ser incluso positivo para visibilizar la puerta a través de la cual sindicatos y otros actores de la comunidad educativa pueden tener la esperanza de volver al consenso. Un consenso que debe aspirar a reconstruir el espíritu que hizo posible el Pacto Nacional por la Educación y a reconocer una vez más las razones de la concertada (que las tienen) y lo imprescindible de su aportación en el marco del servicio público de educación para mejorar nuestro sistema educativo.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_