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Columna
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Participación, tomar el nombre en vano

No sé si como dice el tango 20 años no es nada, o es mucho. O quizá se cambia para que nada cambie como diría el príncipe de Lampedusa. El Ayuntamiento de Barcelona propone un referéndum sobre la conversión de la Diagonal en paseo con tranvía incluido, lo cual, evidentemente, supondrá una limitación considerable a la circulación de los automóviles. Vaya por delante que la propuesta me parece interesante y más ambiciosa de lo que parece y la idea de promover un referéndum también. Pero no es oro todo lo que reluce, una flor no hace verano y un referéndum aislado no es participación ciudadana efectiva.

Recuerdo que hace algo más de 20 años cuando se habían aprobado los reglamentos de descentralización y participación que entreincluían el derecho de los ciudadanos a promover una consulta popular, hubo algunos colectivos de barrio que se plantearon esta posibilidad respecto a proyectos concretos que les afectaban. La reacción de los concejales responsables de la cosa fue siempre la misma: ¿cómo podemos impedirlo? Como por aquel entonces yo era teniente de alcalde del tema era el que recibía esta curiosa demanda; se trataba de un derecho que habíamos aprobado por unanimidad y, además, la consulta no era vinculante. La participación de los ciudadanos en la gestión urbana ha sido algo que se ha querido y se ha temido, se ha proclamado más que practicado. En fin, es el pasado, ahora el gobierno de la ciudad ha hecho de la "proximidad" con los ciudadanos su lema preferido.

Excepto en situaciones excepcionales, no creo que las consultas deban ser vinculantes

Sin embargo, practicar una gestión participativa supone a la vez integrar esta dimensión en el conjunto de la actividad pública y un estilo de gobierno que podríamos resumir en tres principios. Primero: tener una propuesta clara sobre la cual debatir. Segundo: escuchar a los ciudadanos y, especialmente, a los que han agregado sus opiniones e intereses por medio de asociaciones o entes formales o no colectivos. Tercero: asumir la decisión final debidamente motivada, dando respuesta a aquellas demandas o propuestas ciudadanas que no se hayan incorporado. Nos tememos que en este caso el gobierno de la ciudad no está muy convencido de su propuesta y busca la complicidad de la ciudadanía o la excusa para no llevarla a cabo. Excepto en situaciones excepcionales, no creo que las consultas deban ser vinculantes, deben contribuir a la deliberación e influir en la decisión definitiva, pero el gobierno no debe dimitir de sus competencias ni renunciar a su obligación de innovar.

En cambio, sí que se deben crear las condiciones para una participación continuada que permita hacer consultas populares con mayor conocimiento de causa. Los distritos debieran ser ámbitos de discusión de las políticas públicas y no sólo correas de transmisión del gobierno de la ciudad. El potencial participativo que ofrecía la descentralización aprobada entre 1983 y 1986 no se ha realizado. Los consejos de distrito debían ser elegidos (se aprobó por unanimidad) pero ni los gobiernos sucesivos, teóricamente de izquierdas y participativos, nunca las han promovido, ni la oposición las ha reclamado. Durante años se dijo que se debería esperar a que se aprobara la Carta Municipal, lo cual no era imprescindible; luego se aprobó la Carta y no pasó nada.

En la década de 1980 se propuso que en las elecciones de distrito se pudieran presentar agrupaciones de electores y candidatos individuales con el fin de favorecer la participación y la renovación de los representantes ciudadanos, lo cual la mayoría socialista de entonces no aceptó. Sin embargo, había un factor favorable a la participación: los presidentes eran propuestos por el partido más votado en el distrito y eran cargos ejecutivos. Ahora el poder ejecutivo del distrito reside en un concejal designado por el alcalde.

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Un miembro del gobierno socialista de Madrid de los ochenta argumentaba que ellos lo habían hecho mejor, se habían reservado todos los distritos; le contesté que cuando perdieran las elecciones, como ocurrió poco después, se arrepentirían. Otro tema, el "presupuesto participativo": sin pretender mitificarlo sí que es una oportunidad de informarse y debatir la política municipal, pero se ha hecho de forma tan burocrática que cada año pasa sin pena ni gloria.

En resumen, hay que saludar la iniciativa de convocar un referéndum sobre la Diagonal, pero no nos hagamos ilusiones sobre que esto vaya a suponer un cambio de tendencia del gobierno municipal. Es curioso por otra parte que esta ocurrencia haya sido presentada por el alcalde socialista junto con el falso opositor de ERC, dejando de lado a IC-EUiA, los herederos del PSUC; es decir, las fuerzas políticas que desde el gobierno de la ciudad han promovido, siempre pero no siempre con éxito, las propuestas participativas como las citadas anteriormente.

En la última década el gobierno municipal más bien se ha caracterizado por dar pasos atrás en lo referente a la participación, como pasó con las lamentables normas de civismo, más propias de la extrema derecha que de un gobierno democrático. Incluso cuando propuso hace un par de años un "plan de barrios" en aras de la proximidad era evidente la voluntad de desplazar como interlocutores a plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales, mediante figuras burocráticas (consejero de barrio y técnico en participación) que harían de pantalla entre el gobierno y la población y reducirían las problemáticas a las cuestiones de pequeña escala.

Sugerencias al margen. La revista El Carrer de la Federació Associacions de Veïns de Barcelona, informe sobre el referéndum de la Diagonal. Dos exposiciones de gran interés. Sobre el Barraquismo en Barcelona a lo largo del siglo XX, en el Museo de Historia de la Ciudad. Y en el Colegio de Arquitectos las actuaciones en 92 barrios problemáticos de Catalunya en aplicación de la Ley de Barrios.

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