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Procesados dos 'mossos' por destrozar los testículos a un detenido

La normativa solo permite usar el artefacto en motines y asaltos a casas

Jesús García Bueno

Un sargento y un agente de los Mossos d'Esquadra se sentarán en el banquillo de los acusados por destrozar los testículos a un detenido durante una intervención policial. La juez ha concluido la investigación sobre las lesiones sufridas por José Antonio Coscolín Mellado y aprecia indicios de delito en la conducta de los dos policías.

Los imputados, miembros del Grupo Especial de Intervención de los Mossos -una unidad de élite que actúa en operaciones de alto riesgo- están acusados de violar las normas al usar, dentro de un coche, una granada de aturdimiento que estalló en la entrepierna de Coscolín y le hizo perder el testículo derecho y el 75% del izquierdo.

Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2008 en Castelldefels. Coscolín viajaba en coche junto a un hombre cuando la policía les abordó por emplear, supuestamente, métodos brutales contra morosos.Ante la presunta peligrosidad de los sospechosos, los investigadores pidieron al GEI que se pusiera en marcha. En el operativo participaron los dos imputados: el sargento Víctor E. G. y el agente Alberto M. C. En un primer momento, la unidad había previsto entrar en el domicilio del conductor del Porsche Cayenne, Daniel Esteve, para detenerle por extorsión. Pero el mando policial pensó que sería demasiado arriesgado para la seguridad de los agentes y decidió que la detención se efectuara en la vía pública.

Un agente lanzó por la ventanilla el artefacto, que le explotó a la víctima

Al preparar el dispositivo, recoge el auto judicial, el sargento "decidió incluir entre el material de intervención (...) un artefacto o granada pese a que su uso está previsto para situaciones tales como entradas a domicilio y motines penitenciarios". La titular del juzgado de instrucción número 7 de Gavà concluye que el sargento "infringió las normas de uso" previstas en la instrucción de armas aprobada en 2008, cuando el ecosocialista Joan Saura ocupaba la cartera de Interior con el Gobierno tripartito.

El informe pericial encargado por el juzgado avala esa tesis: la granada de aturdimiento, dice ese documento, no puede usarse contra personas porque puede producir heridas. Y menos aún, en un espacio cerrado y pequeño como un vehículo. El aparato emite gran cantidad de ruido y luz, de forma que atonta al presunto delincuente y permite a los policías inmovilizarle con seguridad. El problema es que, si se utiliza contra tejidos o personas, "puede causar incendio tras la explosión", sigue el informe pericial.

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Esa explosión es la que dejó sin testículos y con una mano herida por las quemaduras a Coscolín, que también arrastra desde entonces un "estado de ánimo depresivo", según el auto. El afectado viajaba como copiloto cuando el conductor observó el cordón policial y detuvo el vehículo. El agente imputado se acercó entonces y, según el auto judicial, "lanzó por la ventanilla del copiloto el artefacto con la finalidad de que los ocupantes salieran del vehículo, infringiendo las normas de uso y las mínimas normas de proporcionalidad y prudencia en su utilización". La juez recuerda que, pese a la previsible violencia de los detenidos, estos "no ejecutaron ningún acto de resistencia" y los agentes no sufrieron en ningún momento "por su integridad".

El artefacto fue a parar al regazo de la víctima, que "se dispuso a retirarlo en el mismo momento en que deflagró". La onda expansiva posterior y el calor que se desprendió de la granada le produjeron las graves heridas en los testículos.

La juez concluye: "Existen indicios racionales" de que los dos policías sean autores de un delito de lesiones. Las partes implicadas -la fiscalía y la acusación particular, que ejerce la abogada Susana Sánchez- tienen que presentar ahora su escrito de acusación para solicitar la pena que debe imponerse a los policías.

La letrada Sánchez ya ha anunciado que solicitará prisión para los mossos que se sentarán en el banquillo y pedirá que se les condene por un delito contra la integridad moral, uno de lesiones y otro de abuso de autoridad.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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