Querella del fiscal contra la exalcaldesa de Sant Climent por prevaricación
La fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la exalcaldesa de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) Tomasa Jiménez, contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo Joan Martí Aparicio y contra el exsecretario municipal Manuel Benito Gironés. Les acusa de un delito continuado de prevaricación por una operación urbanística en la que el Ayuntamiento pagó 1,3 millones de euros a los propietarios de unas fincas para construir una escuela de educación infantil y primaria. El fiscal sostiene que es un gasto innecesario porque las fincas estaban catalogadas como equipamientos comunitarios y se podían haber ocupado directamente.
Tomasa Jiménez, que entonces era alcaldesa del PSC, continúa en el Consistorio como primera teniente de alcalde de Urbanismo, al igual que Martí Aparicio, responsable de Hacienda y Presupuestos. La actuación supuestamente delictiva que investiga un juzgado de Sant Boi fue revocada por el nuevo Consistorio, tras la entrada de otro secretario municipal que descubrió la operación y denunció el caso.
El Ayuntamiento pagó 1,3 millones por una fincas que le salían gratis
El fiscal Antoni Pelegrín relata en la querella que el 25 de abril de 2006, el Ayuntamiento abonó a los cuatro propietarios de las fincas 1.357.825 euros, IVA incluido. El dinero salió la empresa Adendia SL, que pactó con el Ayuntamiento que actuaba así a cambio de que se le adjudicaran de forma directa 2.000 metros edificables de propiedad municipal en régimen de vivienda libre y que todo se recogiera en un convenio.
El fiscal asegura que los querellados conocían la ilegalidad del pacto y que el secretario informó a favor con el argumento de que tenía que pagar ese dinero para cancelar el derecho de reversión a favor de los antiguos cuatro propietarios. Sin embargo, el fiscal recuerda que la Generalitat nunca exigió esa cancelación como requisito para poder consumar la cesión gratuita de la finca en la se construirían las escuelas.
Pese a que la operación urbanística se ha deshecho, el fiscal relata que el Ayuntamiento de Sant Climent está obligado a devolver a la inmobiliaria el dinero que recibió más los intereses.
