Razones y sinrazones de una huelga
El día 14 de febrero está convocada una huelga en los centros de enseñanza primaria y secundaria del país. La razón fundamental que justifica la convocatoria respaldada por los sindicatos mayoritarios de la enseñanza es el desacuerdo con el documento Bases per la Llei d'Educació, presentado por el consejero Ernest Maragall. No parece razonable que se haya llegado a ese extremo si consideramos el esfuerzo que fue necesario para llegar a una fórmula que fuera ampliamente aceptada en la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía y, posteriormente, el gran acuerdo que sancionó el Pacto Nacional por la Educación, firmado por una abrumadora cantidad de actores sociales y entidades de la comunidad educativa catalana. ¿Cómo hemos pasado de ese consenso sobre el diagnóstico de la enseñanza en Cataluña y las principales líneas de mejora a una situación de enfrentamiento, división y tensión que conduzcan a convocar una huelga que no beneficia a nadie?
El documento sobre la ley de educación presentado por Ernest Maragall es, desde mi punto de vista, sesgado y ambiguo
Recordemos los puntos principales del Pacto Nacional por la Educación: resolver las disfunciones de la doble red de oferta educativa pública (la propiamente pública y la concertada), promover nuevas formas de organización de los centros educativos, estimular la carrera profesional de los docentes, fomentar la cooperación con las familias e impulsar la corresponsabilidad municipal en la política educativa. El documento presentado por el consejero afirma que sigue esas líneas maestras, pero lo cierto es que su planteamiento es, desde mi punto de vista, sesgado y ambiguo, y además, la forma en que se ha presentado no puede ser calificada ni de oportuna ni de estratégicamente idónea.
Vayamos por partes. Sesgos y olvidos: el documento presentado pone énfasis en algunos aspectos del pacto y deja en la sombra o apenas visibles otros igualmente relevantes. Legítimamente, opta por centrarse en la organización y gestión de los centros, en las responsabilidades de los maestros, profesores y directores, y en cambio, margina o sólo menciona de pasada aspectos vinculados con la descentralización educativa, la importancia de la educación a lo largo de la vida, la significación del entorno educativo, el papel de las iniciativas y organizaciones socioeducativas, la fase de educación infantil hasta tres los años o el papel de los contratos programa entre los responsables de la política educativa y centros concretos, tanto públicos como concertados.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar lo que para mí es un elevado nivel de ambigüedad del texto presentado. Para empezar, no se entiende que se presenten unas bases y no un texto articulado. Las razones, podríamos imaginar, partirían de la voluntad de consensuar esas bases antes de entrar en el debate del articulado, pero la estrategia seguida expresa más una alternativa de globo sonda que una verdadera voluntad de consensuar el tema desde sus inicios. Y esa estrategia ha permitido que corran bulos y rumores sobre quién dispone ya del articulado o con quién se ha pactado previamente. Lo que es seguro es que el indudable acierto de ser valiente y proponer sin dilación unas bases que permitan disponer de una tan importante ley antes del final de la actual legislatura se ha visto en parte desacreditado por la forma unilateral en que se elaborado y presentado. Pero, si dejamos a un lado estos aspectos, lo cierto es que el texto puede ser interpretado de muchas maneras distintas, y lo menos que se puede decir es que genera equívocos que no son deseables en un tema de tanta trascendencia. Tenía razón el profesor de ESADE Francisco Longo cuando en un artículo al respecto decía que simplificaba quién decía que el texto era "privatizador". Pero también es cierto que las referencias que se hacen en las bases sobre nuevas formas de gestión permiten que se generen suspicacias que luego hay quien aprovecha quizá abusivamente. No puedes partir de las premisas del pacte nacional para tratar de evitar las "disfunciones" de la doble red de escuelas o centros públicos y concertados, y acabar insinuando que al final podrán existir muchos tipos de centros distintos con dudas sobre su titularidad y responsabilidad pública. No puedes afirmar que vas a dar mucha importancia a la descentralización educativa y al papel de los municipios al respecto (cuestión crucial desde mi punto de vista) y zanjar el tema en el documento de bases con cuatro generalidades.
Es evidente que, si no se cambian ciertas cosas, seguiremos favoreciendo que se pueda confundir lo público con opacidad, rigidez, centralización, o con un sistema que no discrimina entre buenos y malos profesionales, o con una forma de operar en la que al final nadie quiera ser director o responsable de nada. Pero si se quiere hacer bien la transición hacia un sistema en que se empodere a los que quieran asumir responsabilidades, que se valore el buen hacer de los profesionales, que se reconozca la labor socioeducativa, que se refuerce el papel del territorio en el que se insertan los centros y que se avance en una línea de integración educativa a lo largo de toda la vida, la verdad es que la manera como se ha hecho es muy discutible.
Si en el Pacto Nacional por la Educación sólo quedó fuera un sindicato de los mayoritarios y el resto de los actores de la comunidad se avinieron al pacto, hoy el escenario se ha enrarecido y amenaza con dilapidar esa significativa herencia. Partidos, sindicatos, asociaciones de padres, movimientos de renovación pedagógica, profesionales, entidades de lleure... cada cual va por su lado y contribuye a la confusión. Y en este marco, la huelga no es una buena noticia. La huelga, forzosamente, simplifica y enfrenta. Mezcla temas estratégicos de país con coyunturas electorales. Proyecta una imagen del sindicalismo que subraya los aspectos resistencialistas por encima de los propositivos. De acuerdo. Pero todo ello no avala una estrategia cuyo planteamiento, si bien podemos aceptar que se exponía de buena fe para generar debate sobre algo tan fundamental para el país, ha acabado desnudando sus sesgos y ambigüedades. Recuperemos las bases del pacto nacional y avancemos en la defensa de una educación de calidad y de equidad para el país. El día 15 puede ser un buen día para ello. Un día en que se pueden reconstruir puentes y complicidades.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
