Sabadell legaliza adjudicaciones irregulares de pisos sociales

El Ayuntamiento de Sabadell, gobernado por el PSC, admite 10 casos de irregularidades en la adjudicación de pisos de alquiler tutelados para jubilados en el complejo Sant Oleguer. La cifra es muy inferior a los 76 casos que la fiscalía detectó en abril. El 13 de julio el Ayuntamiento firmó un decreto para regularizar estos casos. Cuando los pisos se adjudicaron, en 2004, se debían entregar a través de una comisión que nunca se llegó a constituir. El decreto insta a que sea la empresa municipal Vimusa la que busque "fórmulas para solucionar la situación" de los 10 afectados y que conserven el piso.

El Consistorio asegura que se revisarán los expedientes según los criterios actuales de adjudicación, modificados y más laxos que los que regían en 2004. Por ejemplo, ocho adjudicatarios de los pisos eran dueños de viviendas en aquella fecha, cosa que prohibían las bases. Estos pisos se vendieron con posteriordad, por lo que el expediente se revisará como si los adjudicatarios nunca hubiesen poseído estas viviendas. A una persona que en 2004 le faltaban 10 días para tener 65 años, edad necesaria para poder optar a los pisos tutelados, se le considera que ya cumple el requisito. En un último caso, se superan los 100.000 euros de patrimonio máximo.

Un informe del fiscal señala que 76 concesiones no cumplían la norma

El informe fiscal de abril señalaba que 11 de los adjudicatarios de los pisos (el complejo lo forman 101) no cumplían el requisito del padrón (dos años de residencia continuada o cinco discontinua), 59 tenían una vivienda en propiedad en el momento de la adjudicación, cosa prohibida en las bases, y 6 superaban los 100.000 euros de patrimonio máximo. La fiscalía concluyó que las irregularidades no constituían un delito y archivó el caso. El 9 de julio, ICV-EUiA presentó un contencioso contra las adjudicaciones irregulares.

A raíz de esta resolución, el Ayuntamiento encargó a sus técnicos analizar los argumentos del informe de la Guardia Civil. De los 11 casos que no cumplían la condición del padrón, el Consistorio no reconoce ninguno y considera que los agentes se equivocaron, ya que "consultaron al Instituto Nacional de Estadística el último cambio de domicilio, pero no pidieron al Ayuntamiento el empadronamiento histórico", afirmó el concejal de Urbanismo, Joan Carles Sánchez. El regidor justifica la diferencia de criterio con el hecho de que los agentes "buscaban una trama urbanística". Pero la Guardia Civil, en el informe que dio a la fiscalía, indicaba que, además de investigar un posible caso de prevaricación y de trama urbanística, su función era "verificar los requisitos" del proceso de adjudicación de los pisos.

En estos 11 expedientes constaba el caso de unos familiares de la concejal de Servicios Sociales, Maria Ramoneda, a los que se adjudicó un piso, pese a que no cumplían el requisito del empadronamiento, ya que constaba que vivían en Vilanova de Meià (Noguera). En este caso, el Ayuntamiento dio por válido un informe de la policía local, hecho a partir de entrevistas a los vecinos, para demostrar que los adjudicatarios vivían en Sabadell. Las bases del concurso no permitían acreditar el padrón con un informe policial.