Saura lamenta el poco interés del Gobierno central por aplicar el Estatuto

Las últimas advertencias del presidente de la Generalitat al Gobierno central y la manifestación del pasado sábado han tenido escaso efecto sobre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Varios traspasos de competencias se encuentran encallados y sin fecha para desbloquearse. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, activó ayer la señal de alarma: denunció la "incomprensión" de la Administración central a la hora de aplicar el Estatuto y dijo que los altos funcionarios ministeriales "no tienen interiorizado" el nuevo marco jurídico.

"No se trata de ir a arañar nada, sino de aplicar la ley", dice Saura

La advertencia de Saura, hecha tras la reunión semanal del Gobierno catalán, obedece a la preocupación que se está instalando en el Gobierno catalán. Faltan tres meses para las elecciones y ni siquiera hay fecha para que se reúna la comisión bilateral Generalitat-Estado que debía culminar traspasos emblemáticos como el de Cercanías. Esta reunión estaba prevista para la última semana de diciembre, pero el Ministerio de Administraciones Públicas se resiste a ponerle fecha. El temor de la Generalitat es que la reunión deba posponerse a enero, ya con las Cortes disueltas a la espera de las elecciones y con el Gobierno más preocupado por la campaña electoral que por la gestión del día a día. "No se trata de ir a arañar nada, sino de que se aplique la ley", dijo Saura, quien recordó al Gobierno central que la aplicación del Estatuto compromete por igual a ambos Ejecutivos.

Fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas negaron ayer que haya voluntad de retrasar la reunión. Admitieron que todavía no se ha puesto fecha al encuentro, pero mostraron su confianza en que éste se pueda producir "en las fechas previstas". La reunión se celebrará en Barcelona después de que la del pasado julio se celebrara en Madrid.

A la espera de conocer cómo queda la agenda, el Gobierno catalán toma posiciones aprovechando los ecos de la manifestación del pasado sábado, que no secundó. "La manifestación refuerza las posiciones de contundencia, de negociación y exigencia que tiene la Generalitat", dijo Saura. El consejero, por cierto, matizó ayer las palabras del presidente Montilla. Dijo Saura que la manifestación obliga al Gobierno a ser "más exigente" en sus demandas al Estado. Montilla dijo el pasado lunes que pensaba ser "igual de exigente" que hasta la fecha.

Sea como sea, el Gobierno catalán tiene ante sí un hueso duro de roer. El traspaso de Cercanías, que el presidente Zapatero prometió para enero, se ha complicado con el colapso de la red de las últimas semanas. Esta crisis ha hecho también que se retrasara la negociación sobre la nueva gestión del aeropuerto de El Prat y el traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell. Los avances son escasos.

"La comisión bilateral sirve para firmar acuerdos pactados con anterioridad, de nada sirve convocarla si no hay pactos maduros", explicaron ayer fuentes del departamento de Joan Saura dando a entender que si no hay convocatoria es porque no hay nada que firmar.

El Gobierno catalán quiere evitar a toda costa que de la reunión salga una simple declaración de buenas intenciones sin acuerdos concretos. Preocupa especialmente la situación del aeropuerto de El Prat. José Luis Rodríguez Zapatero prometió avances en la descentralización de la gestión aeroportuaria pasado el verano. Diciembre ha llegado y la Generalitat no ha logrado concretar avances específicos.

La situación se ha agravado por el preacuerdo alcanzado el pasado verano, según el cual los aeropuertos pequeños, más fáciles de transferir, no cambiarían de manos hasta que no se pacte la fórmula de gestión del aeropuerto de Barcelona. Ahora podría llegarse a fin de año sin acuerdo sobre ningún aeropuerto.