Saura sugiere reformar la Carta Magna si se recorta el Estatuto

Poco a poco, los partidos que integran el Gobierno catalán van destapando sus cartas sobre qué tendrán que hacer si el Tribunal Constitucional (TC) introduce modificaciones de fondo al Estatuto de Cataluña, posibilidad que hace sólo un año ni se consideraba -al menos en público- y constituía un tabú, pero sobre la que, con cuentagotas, los socios del tripartito han ido respondiendo. Si hace unos días el presidente de la Generalitat, José Montilla, advertía de que un recorte estatutario podría incluso romper la convivencia en Cataluña, ayer fue su socio de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, quien trazó su hoja de ruta.

Según el consejero de Interior y Relaciones Institucionales, mutilar el Estatuto representaría tener que "rehacer" el pacto político entre España y Cataluña que supuso consensuar el texto catalán. Y esto supondría que los Gobiernos español y autónomo volvieran a sentarse para negociar punto a punto, un nuevo pacto que podría incluso implicar, dijo, una reforma constitucional. Saura hizo estas declaraciones durante la entrega del Premio Josep Maria Vilaseca del Instituto de Estudios Autonómicos, que reconoce a académicos que destacan por sus estudios en torno al federalismo o las autonomías.

Montilla también rompió recientemente, en junio, el silencio sobre qué pasaría si el Constitucional objetara el Estatuto. Y curiosamente también lo hizo en el marco de un acto relacionado con el mundo académico, en este caso del Instituto de Derecho Público. Montilla recordó como Saura que la carta autonómica es fruto de "un pacto político" y alertó del riesgo de involución. "Hoy es imposible la marcha atrás, a riesgo de romper la convivencia y el pacto constitucional", dijo, y apuntó la posibilidad de que el Estado autonómico "evolucione" hacia uno de carácter federal. Así, afirmó: "El siguiente paso debería ser la reforma constitucional".

El tercer socio del tripartito que gobierna la Generalitat, ERC aprobó en su congreso del año pasado una enmienda que defendía que el Parlament ejerciera de manera unilateral el derecho de autodeterminación, vía referéndum, si el Tribunal Constitucional tumbaba el Estatuto y el Gobierno se negaba a negociar con la Generalitat el "derecho a decidir" de los catalanes. La estrategia republicana, matizada una y mil veces por sus dirigentes, consiste en que el Parlament se pronuncie en contra del TC y, llegado el caso, convoque una consulta coincidiendo con las próximas elecciones catalanas.

Los puntos que más discordia suscitan entre los magistrados del alto tribunal son el capítulo lingüístico, los aspectos de bilateralidad entre los Gobiernos catalán y español, y la definición de Cataluña como "nación" en el preámbulo del Estatuto.

Desde la oposición, el PP también se refirió ayer a la sentencia del Estatuto, aunque llegó a la cuestión por una vía distinta. La portavoz popular, Dolors Montserrat, afirmó que su partido está a la espera de la sentencia para decidir si llevan o no al tribunal la Ley de Educación que se aprobó la semana pasada. Y precisamente elevarían el texto a consulta para que dirimiera la cuestión lingüística. Por parte de CiU, no existe una posición común sobre la cuestión. Mientras Unió Democràtica de Catalunya guarda silencio y defiende la plena constitucionalidad del texto, Convergència plantea, en caso de que se mutile el Estatuto, desde intentar un pacto político hasta convocar un referéndum, en el más adverso de los escenarios.