Silencio sintomático

El temor que existe dentro de las comunidades musulmanas a los grupos fundamentalistas que controlan y regulan la vida de sus miembros, es una preocupación mayor dentro de los colectivos de inmigrantes que residen en Cataluña. El caso de la marroquí Fatima Ghailan, en el municipio de Cunit, quien denunció a un imán por acosarla por llevar un modo de vida occidental, es una excepción valiente. Dichas prácticas -muchas veces perpetradas en nombre del islam, pero que, en realidad sólo buscan afianzar el poder de ciertos grupos- son guardadas en total hermetismo. Denunciarlo traería graves consecuencias para la persona y su familia, incluso la familia extensa que reside en sus países de origen, pues la transnacionalidad es un factor determinante en los dos colectivos musulmanes más importantes en Cataluña: marroquí y paquistaní.

El silencio que hasta ahora han guardado las diversas asociaciones musulmanas y sus respectivos líderes no sorprende; en cambio, sí el de gobernantes y funcionarios, que han evitado pronunciarse sobre la irresponsable actitud de la alcaldesa de Cunit por impedir la detención del imán imputado. Lejos de evitar un conflicto social, como ella admitió, sentó las bases que lo agrandan y ha abierto la puerta que legitima todo tipo de abusos que ponen en riesgo la integridad de muchas familias y de tantas Fatimas que confiaban en el sistema de derecho de un país democrático.

Ese silencio es muy sintomático, porque descubre las relaciones que han establecido los ayuntamientos con los grupos de poder de ciertas comunidades, cuya dinámica ha provocado que, en situaciones como la de Cunit, una alcaldesa se subordine al imputado en lugar de proteger a la víctima. Ingenuo sería pensar que obedece a una actitud benévola con la inmigración. Desde luego, resulta difícil poner en su sitio, al menos públicamente, a esos interlocutores, algunos fundamentalistas, a quienes los políticos han subvencionado, promovido y utilizado a conveniencia de sus proyectos políticos, y que ahora no saben exigirles un comportamiento a la altura de una sociedad democrática.