El Síndic reprueba la expulsión de 13 africanos de un centro de menores

Awadu Fuseni, de 17 años, tiene en sus manos un ejemplar del libro La integración de los inmigrantes marroquíes, que lee en el Casal d'Infants del Raval. Dice algunas palabras en castellano y asegura que jamás pensó que todo sería tan difícil. Fuseni es uno de los 13 jóvenes, 11 de Ghana y 2 de Gambia, que la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAI) expulsó de un centro de menores en Navidad al concluir que eran mayores de edad. La decisión sufrió ayer un serio revolcón del síndic de greuges, Rafael Ribó, que la tacha de irregular por dos razones: porque la Generalitat ignoró que los chicos tenían pasaportes que acreditaban que eran menores y porque está basada en unas pruebas radiológicas de la mandíbula que tienen un margen de error de cero a dos años hacia arriba o hacia abajo. La propia Generalitat reconoce en sus informes un porcentaje de error del 66% en las pruebas en menores.

El grupo vive ahora en una pensión de la Cruz Roja de la calle de Balmes después de haber salido del centro del El Bosc, en Vallvidrera, con un puñado de euros y un bocadillo. La Cruz Roja ha emitido prórrogas, pero sólo los acogerá hasta final de marzo. "Cuando supe que nos echaban, me puse malo", cuenta Usman, de 17 años, palpándose la barriga. "¿Humillante la prueba radiológica?", se pregunta Fuseni. "Bueno, no digo que sea racismo, pero no entiendo por qué nos la hicieron sólo a nosotros y no a los blancos como los marroquíes".

Ismael Palacín, uno de los responsables del Casal d'Infants del Raval, que da apoyo a los jóvenes, cree que la realidad es más simple: la achaca a que la Generalitat quiso vaciar la mitad del centro del El Bosc, en Vallvidrera, después de las quejas vecinales tras algunos incidentes con los jóvenes. Curiosamente, el grupo de subsaharianos, originario de zonas rurales de Ghana, era de los menos conflictivos. "Pasábamos el día jugando al fútbol y al baloncesto. No aprendíamos nada", explica Fuseni. Algunos señalan algo peor: ducharse con agua fría.

La Generalitat no piensa acatar el consejo del Síndic de Greuges de readmitir a los chicos y tutelarlos porque cree que las pruebas radiológicas son de alta fiabilidad y porque asegura que los datos de los pasaportes son falsos. "Vamos a seguir haciendo esas pruebas", sostiene Carme Capdevila, consejera de Acción Social, pese a que el Colegio de Odontólogos las considera poco rigurosas.

Hay algo que urge: los jóvenes se quedarán pronto en la calle y la mayoría de ellos serán mayores de edad dentro de dos meses. Y se arriesgarán a ser expulsados por no tener permisos de residencia. El Casal cree que la Generalitat cerrará los centros El Bosc y El Alcorn por no ofrecer proyectos de integración y deteriorar la seguridad vecinal. Mientras, Palacín reclama que se les instale en pisos tutelados, dándoles papeles y cursos de inserción laboral para evitar el absurdo de dejar a alguien en la calle sólo por tener 18 años y 1 día.