Trabajador público... y precario

Los trabajadores de las administraciones públicas tienen la ventaja de no enfrentarse a la posibilidad de perder su empleo. Este es el mantra sobre el que muchos altos cargos, entre ellos el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, se han apoyado en estas últimas semanas para justificar un recorte salarial a este colectivo. Sin embargo, en Cataluña, 23 de cada 100 empleados del Estado, la Generalitat o de los ayuntamientos viven en una situación de precariedad laboral. Existe más temporalidad en la función pública que en la empresa privada. En algunas áreas de la Generalitat, incluso más de la mitad de los empleados no son fijos.

"Cuando dices que trabajas en un ayuntamiento, todos piensan que cobras mucho, que trabajas poco y que tu puesto es para toda la la vida", se queja María. No quiere revelar su nombre completo, ni datos que permitan identificarla. "Es lo que ocurre cuando no eres funcionario: si te quejas, te arriesgas a lo mismo que si criticas al jefe en una empresa privada: a que te echen", explica. Trabaja en el consistorio de un municipio de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona. Pero su contrato no es de funcionaria. Ni indefinido. "Me llamaron hace dos años porque ponían en marcha un programa relacionado con el medio ambiente. Hacía falta una persona para gestionar las cuestiones administrativas. Tengo contratos de seis meses", señala. Es diplomada en Relaciones Laborales. "Cobro 1.100 euros al mes. Nunca me había quejado de no tener plaza. Pero ahora que llegan los recortes, me parece que seré de las primeras en tener que irme. Soy fácil de despedir", teme.La tasa de temporalidad -la proporción de contratos temporales respecto al total de los contratos públicos- entre los trabajadores de las administraciones de Cataluña es del 23,5%. Entre quienes trabajan para las empresas privadas, es del 15,7%, según los datos oficiales correspondientes al primer trimestre de 2010. La proporción empeora según el nivel de la administración. Si solo se tiene en cuenta la Generalitat, la media es similar, del 23,8%. Pero en algunos ámbitos, como las instituciones sanitarias y la administración de Justicia, asciende al 34,4% o al 36,4%, según Gobernación. Y en muchos ayuntamientos es aún superior.

"La temporalidad es un mal endémico en la administración pública. Diferentes gobiernos se han intentado de enfrentar a ella. Pero está claro que las políticas que se ha ido aplicando no han funcionado muy bien", explica Xavier Boltaina, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona. Boltaina lleva años dedicado a estudiar la precariedad en la función pública. Entre los precarios incluye a los interinos, los empleados con contrato laboral temporal, los eventuales y los que hacen tareas por obra y servicio. "Son cifras elevadísimas. En Sanidad, 10.000 empleos son temporales e inseguros. En administración y servicios, llegan a serlo el 56% de los puestos", enumera.

Profesores asociados

En las universidadaes, de las 20.000 personas del cuerpo de docencia, 5.800 son profesores asociados, es decir, con contratos de unas pocas horas a la semana, algunos desde hace lustros, de modo que incluso el sistema universitario catalán pivota sobre la precariedad. Solo ciertos colectivos, como los Mossos d'Esquadra, donde casi toda la plantilla es funcionaria, dan un respiro a las estadísticas de temporalidad.

A unos y a otros les llegará el recorte salarial. Ganarán menos los que son funcionarios y también los que tienen contratos de dos meses, por ejemplo el socorrista de verano de una piscina municipal. "Y el problema se agrava porque ahora no se cubren bajas de maternidad ni vacaciones, ni tan siquiera con empleados temporales", denuncia Encarna Fernández, secretaria general de la federación de servicios públicos de UGT de Cataluña. Tanto Fernández como Boltaina coinciden en que deberían haberse tenido en cuenta los niveles de precariedad existentes antes de aprobar el recorte del 5% (de media) del sueldo generalizado.

En las empresas que dependen de la Generalitat, a las que el recorte de sueldos no llegará, la presencia de funcionarios aún es más escasa. Sólo cerca del 1% lo son. De las 2.100 personas que a principios de 2009 trabajaban para fundaciones que dependen del Gobierno catalán, sólo cuatro eran funcionarios. "La Generalitat solo ha confirmado que bajará los conciertos con empresas. Dice que no bajarán los sueldos. Pero si las empresas reciben menos dinero, acabarán trasladándolo a los empleados", teme Fernández.