Trabajo fuerza a MC Mutual a vender su espectacular complejo de Cabrils

El Ministerio de Trabajo se preguntó hace unos meses a qué venía que una mutua de accidentes laborales, que es una entidad sin ánimo de lucro que se financia con cuotas por accidentes y enfermedades profesionales recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, tuviera en propiedad un espectacular complejo de 12.800 metros cuadrados en pleno Parque Natural de la Serralada de la Marina.

La catalana MC Mutual -sexta de España por tamaño, resultado de la fusión de las entidades Mutual Cyclops y Midat Mutua y presidida por Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona- se encarga del mantenimiento de este centro, en su día considerado una de las mejores instalaciones de rehabilitación de España, pero en el que desde hace dos años no se desarrolla ninguna actividad.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social requirió en verano a la mutua que se lo venda y ha pedido, además, que el dinero que saque por él vaya a las arcas de la Seguridad Social y no a las empresas asociadas a la mutua. Los gestores se avinieron a ello. MC Mutual ofrece sus servicios a las 158.000 empresas, a través de 100 centros en toda España.

La cosa no pasaría de aquí si no fuera porque, para su sorpresa, el ministerio recibió un escrito firmado por un alto directivo de la mutua en el que éste se oponía al acuerdo en nombre de la entidad y, por ende, rechazaba el destino público de los eventuales ingresos por la venta. Su autor era Manuel Pons, secretario y letrado asesor de la junta directiva de MC Mutual, además de ser su secretario general. Así lo explican fuentes de Trabajo, que al tirar del hilo, descubrieron una situación del todo kafkiana: ¿Acaso tenía el asesor jurídico derecho de veto o podía de veras ir por libre respecto de lo que decidieran los órganos de gobierno de la mutua? La respuesta de los gestores a esta pregunta convierte la situación en algo aún más rocambolesco: confesaron que el letrado "no respondía ante ellos", ya que no formaba parte de la junta directiva de la entidad. Pons entró a trabajar en 1979 en una de las dos mutuas fusionada y sus funciones fueron ratificadas una y otra vez. Los estatutos de la mutua permitían la insólita anomalía.

La Seguridad Social decidió entonces ordenar un cambio en los estatutos para normalizar la situación. La asamblea general de mutualistas de julio aprobó así una modificación estatutaria a resultas de la cual se relevó al polémico asesor jurídico, "al no poseer usted la representación de ninguna de las empresas que la componen (la junta directiva)", según consta en una carta que el presidente Miquel Valls remitió a Pons el 16 de julio. Además, a Pons se le quitaron las funciones inherentes al cargo de secretario general.

Pons reaccionó solicitando a Valls la extinción inmediata de su contrato y reclamando una indemnización por despido improcedente, de 45 días por año trabajado. Valls rechazó cualquier indemnización y le advirtió de que, a partir del día 22 de julio, "no debería acudir a los centros de trabajo de esta entidad". Pero le tranquilizó asegurándole que mantenerle apartado no significaba que dejara de cobrar. "Todo ello sin menoscabo de su retribución", escribió en otra carta, el 20 de julio. Las "nuevas atribuciones" que Valls mencionó como promesa no se concretaron.

La cuestión es que el ex alto directivo percibe "872,9 euros diarios", cifra que al mes supone 26.188 euros, incluidos todos los conceptos salariales. La confesión de su propio sueldo figura en la demanda que Pons presentó contra la entidad, que entró en el juzgado el pasado 6 de agosto. Trabajo debería aprobar toda indemnización millonaria porque la entidad maneja dinero público y sigue el caso "muy de cerca".

El director de MC, Francesc Hernández, declinó ayer realizar declaraciones sobre el conflicto, pendiente del juicio. El centro de Cabrils continúa sin venderse.